¿Un trueno en un cielo azul?

17 diciembre, 2018 en Edición Impresa, Editorial

Los fastos oficiales en torno al 40 aniversario de la aprobación en referéndum, en 1978, de la Constitución monárquica no pueden ocultar las profundas modificaciones que se operan en la situación política denuestro país.

Por supuesto, todas las celebraciones y crónicas ocultan el hecho de que la Constitución fue aprobada colocando a la población ante un falso dilema, segúnel cual había que elegir entre Monarquía y vuelta a la dictadura, entre voto sí o un golpe militar.

Desde el punto de vista de los trabajadores estos 40 años han significado que una buena parte de los derechos y conquistas obtenidos en dura lucha contra el franquismo y después de la muerte de Franco han sido limitados o casi destruidos. Las reformas laborales, sancionadas por los jueces franquistas y por el consensuado Tribunal Constitucional, las amenazas de desmantelamiento del actual régimen de jubilaciones, las leyes antisindicales en vigor, los ataques a las libertades con la ley mordaza, el rechazo de las reivindicaciones de los pueblos y la persecución judicial de sus representantes, y en particular del pueblo catalán, dan una imagen clara de lo que ha representado esta Consti­tución, con la cual,según las encuestas, la mayoría de la juventud no se identifica, y contra la cual se organizan referéndums en barrios, ciudades y centros de estudios. Por no hablar del rechazo masivo del pueblo catalán.

Pero el aspecto quizás más determinante de la situación es el hundimiento de todos los partidos políticos que fueron su sostén.

Por un lado, el PP, heredero de Alianza Popular, representante de las instituciones y el aparato de Estado franquistas, no sólo está amenazado de desaparición, sino que genera partidos extremos abiertamente y sin complejos franquistas, como Ciudadanos y Vox.

Pero por otro lado la debacle del PSOE en Andalucía, acompañada de la caída de Podemos e IU, muestra que una buena parte de los trabajadores de vanguardia y la juventud no se identifica con una política de recortes, dictada por el gran capital y la monarquía, pero  hecha en nombre de la «izquierda».

Tienen razón los sindicatos cuando constatan que 36 años de gobierno en Andalucíapor parte del PSOE –solo o en distintas formas de coalición– han llevado a los trabajadores a darles la espalda, y que es el abandono de las reivindicaciones de la mayoría por parte de los partidos de izquierda lo que explica esta debacle.

Lo más escandaloso es que ahora se intente culpar a los trabajadores, porque no han votado, o se eche la culpa a los republicanos catalanes, porque se han atrevido a desafiar a un régimen que el pueblo de Cataluña no quiere, y se llame a cerrar filas “contra la extrema derecha”, y detrás del régimen monárquico. Como si el PP y Ciudadanos –que organiza en Cataluña las “patrullas ciudadanas” contra los lazos amarillos y quienes loscolocan– fueran “demócratas”, o como si el aparato de Estado y los jueces, como esos de la Audiencia de Pamplona que acaban de confirmar la sentencia blanda contra los violadores de La Manada, fueran los defensores de la democracia. Caer en esa trampa sería, para el movimiento obrero y sus organizaciones, sellar su condena de muerte.

Las elecciones andaluzas ponen en evidencia lo esencial: lo que se gritaba en 2011, ¡No nos representan!, es más actual que nunca.

Es, por tanto, necesario, profundizar y organizar la movilización y la resistencia, en defensa de las conquistas sociales y, en primer lugar, de libertades democráticas y las pensiones. A la vez que hay que abrir un profundo proceso de reflexión, sobre cómo es posible avanzar en la necesaria reconstrucción de una representación política fiel a los trabajadores y los pueblos.

Una representación que sólo puede ser forjada en el combate por las reivindicaciones, en la defensa del sistema público de pensiones, en la lucha por el fin de la represión contra los sindicalistas y por la libertad de los republicanos catalanes, en la lucha, en fin, por un verdadero cambio social y político, por la República, por la Unión libre de Repúblicas de todos los Pueblos.


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