Un NO a los Presupuestos del Estado de 2017 hundiría al Gobierno

Por: Blas Ortega

Se dice que los Presupuestos Generales del Estado condensan la política del Gobierno, por un año al menos. En esta ocasión, su rechazo en el Congreso de los Diputados y su devolución al Gobierno, conduciría a la convocatoria de elecciones generales, dada lo evidente de la debilidad del Gobierno para imponer su política.

El calendario previsto empieza con la aprobación del proyecto de Presupuestos por el Consejo de Ministros el 31 de marzo y concluye con la votación final en el pleno del Congreso hacia el 25 de mayo. La posterior tramitación en el Senado no supone ningún problema al Gobierno, dada la mayoría absoluta del PP. Incluso si se superan las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos (3 y 4 de mayo), el Gobierno necesita la colaboración del PSOE en el Congreso para evitar que la aprobación de alguna enmienda parcial a una sección de los Presupuestos produzca un descuadre de las cuentas. Como la subida de las pensiones en un 1,2% con cláusula de revisión en 2017, algo con lo que amenaza la gestora del PSOE.

Uno de los elementos fundamentales de los Presupuestos es la Función Pública. En las negociaciones previas a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, el Gobierno se compromete con los sindicatos a una Oferta de Empleo Público de 250.000 plazas en 3 años (lo que reduciría la temporalidad desde el 25% al 8%), y a aumentar la tasa de reposición (las plazas que se cubren por cada jubilación) hasta el 100% en sanidad, justicia, educación y en los servicios de atención al público.

UGT y CC OO, que valoran el acercamiento de Gobierno a sus posiciones en cuanto a Oferta Pública de Empleo y tasa de reposición, no consideran que haya un acuerdo concluido. Piden una convocatoria de 360.000 plazas y una subida salarial superior al 1,2%, el IPC previsto para 2017 por el Gobierno. Que otros estiman volverá a ser del 3%.

El Gobierno afirma que el proyecto de Presupuestos pretende cumplir con el déficit público y el límite de gasto acordados con Bruselas, cuyo respeto es incompatible con pensiones y salarios públicos que no vuelvan a perder poder adquisitivo este año. Y esa es la cuestión: organizar en unidad de trabajadores y organizaciones la defensa de las reivindicaciones, y más frente a un gobierno débil y corrupto.


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