¡Todos los recursos a quienes los necesitamos para vivir!

25 marzo, 2020 en

 Reproducimos en su integridad, por su importancia, el editorial del Especial nº 2 de Informaciones Obreras, donde, exponemos nuestro punto de vista y propuesta de solución a la situación creada, como bien dice el editorial, no a la crisis económica creada por el virus covid-19, si no mas bien, a la crisis del sistema económico del beneficio y la ganancia que nos ha llevado a esta pandemia. Creemos importante que nuestros lectores tuviesen el documento en toda su integridad y no tanto el resumen que aparece en este Especial nº 2 que por motivos, de agilidad y lectura no se incluye. Esperamos haber acertado.

¡Todos los recursos a quienes los necesitamos para vivir!

La pandemia del coronavirus no ha provocado la crisis económica. Al contrario, la “crisis crónica” del capitalismo provoca la pandemia, por la destrucción constante que supone: desmantelamiento del sistema sanitario público, recortes en la investigación, destrucción y precarización del empleo, infradotación de las residencias de ancianos, etc. La pandemia simplemente hace aflorar la crisis latente y la dispara. Goldman Sachs prevé para 2020 una caída del 1,7% del PIB de la eurozona y del 1,3% en el caso español (frente a su ya timorata estimación previa del 1,8%). Pero Morgan Stanley dispara sus previsiones respectivamente al -5% de la eurozona y -5,5% aquí. La CEPYME prevé un número de despidos superior a 300.000. Son estimaciones imprecisas que en todo caso ilustran una crisis gravísima.

 

Venimos de la experiencia dramática de la “crisis de las subprime”, que estalló en 2007 y que nunca llegó a superarse completamente. Una crisis que llevó a la intensificación de las políticas de ajuste que, por orden de la UE al servicio directo del FMI, el gobierno de Zapatero comienza a aplicar desde mayo de 2010 y que se disparan mucho más brutalmente con los gobiernos del PP, desde diciembre de 2011. No son “políticas de austeridad”, como se pretende hacer creer, porque no implican austeridad para todos, sino una profunda diferenciación de clase: austeridad, sí, para la clase trabajadora y la mayoría de la población, que ven como derechos elementales les son arrebatados con los recortes en enseñanza, en pensiones, en vivienda. Y en sanidad.

 

Una austeridad que es literalmente criminal, como se verifica hoy con la “priorización de pacientes” que no es sino la negación del acceso al tratamiento médico, de acuerdo al conocimiento disponible hoy, para amplios sectores de la población , debido a la edad y otros criterios que nunca afectan a los ricos. No es casual, desde luego, que en la Comunidad de Madrid la devastación de la pandemia sea mayor, dado el latrocinio que han supuesto estas políticas tras veinticinco años de gobiernos autonómicos del PP. Como titulaba El Plural el pasado sábado 21 de marzo, “el PP de Madrid robó, según la Audiencia Nacional, 1,88 millones de euros en los siete hospitales en los que ahora faltan 608 camas”.

 

No son políticas de austeridad, sin embargo, para el capital financiero, sino de auténtico derroche, como se revela en el tremendo dato del rescate bancario, del que el Banco de España ya reconocía el pasado noviembre que al menos 51.000 millones no se recuperarían nunca, ¡el 5% del PIB!

 

Para hacer frente a la crisis, los Estados emitirán deuda, muchísima, que se añadirá a un nivel de endeudamiento actual ya enorme, equivalente al 100% en el caso español o al 140% en el italiano. El presidente Sánchez ha anunciado la movilización de 200.000 millones de euros. Más de la mitad directamente públicos, 117.000, de los cuales 100.000 millones son una línea de crédito y 17.000 de dotación directa; el resto hasta el total se espera que lo aporte el capital privado. Respecto al crédito, la Comisión Europea permite que los Estados avalen hasta el 90%, es decir, que si se produce el impago, el Estado asuma esa proporción. El gobierno español plantea casi agotar el margen, avalando hasta el 80% para nuevos créditos y el 50% para refinanciar créditos ya existentes, pero las empresas piden que también en este caso se eleve el respaldo hasta el 80%.

Habida cuenta de los antecedentes y dado ese respaldo estatal, la prima de riesgo de la deuda española se disparó, pasando del 0,98% al 1,48% su sobrecoste respecto a la alemana. A continuación, el Banco Central Europeo (BCE), por boca de su presidenta, Lagarde, reconocía la gravedad de la situación y su impotencia: “la actividad económica en el área del euro declinará considerablemente. Las políticas públicas no pueden evitar esto. Lo que pueden hacer es asegurarse de que la recesión no sea más profunda y profunda de lo necesario”.  

Y el BCE acordaba el 18 de marzo un plan del que la propia Lagarde declaraba que “representa el 7,3% del PIB de la zona euro”. Un Programa de Compra de Emergencia Pandémica (Pandemic Emergency Purchase Program, PEPP) de 750.000 millones de euros, que se suman a los 120.000 millones de euros anunciado el día 12, de capital bancario adicional, hasta finales de 2020. Y añadía Lagarde que “estamos poniendo a disposición hasta 3 billones de euros en liquidez a través de nuestras operaciones de refinanciación, incluida la tasa de interés más baja que hemos ofrecido, -0,75%”.

¿A quién favorece esto? ¿Tiene algo de cierto su retórica de que “la política monetaria debe (…) garantizar condiciones de financiación favorables para todos los sectores de la economía (…) individuos, familias, empresas, bancos y gobiernos (…) para proteger el flujo de crédito a empresas y personas”? Ella misma se responde, cuando dice “amplificar el estímulo (…) y canalizarlo directamente a aquellos que pueden beneficiarse más”. ¿Quiénes son éstos? Refiriéndose a los 120.000 millones mencionados, Lagarde explica que ese capital bancario adicional “puede respaldar una capacidad de préstamo considerable por parte de los bancos”. Cierto que amplía su capacidad de préstamo: su capacidad, pero sin ninguna garantía de que ello ocurra. Porque también amplía su capacidad de especulación. Como así sucedió tras el famoso anuncio de su antecesor Draghi, el 26 de julio de 2012, que llevó al BCE a comprar deuda a un ritmo superior a los 50.000 millones de euros mensuales.

El BCE, autoridad monetaria única en los Estados de la eurozona, tiene estatuto de autonomía: es independiente de todo control democrático y, por tanto, es plenamente dependiente del capital financiero. Por eso el BCE va a volver a ayudar exclusivamente a la banca privada, que se va a beneficiar de crédito barato que no destinará a conceder créditos para la inversión productiva y el consumo de las familias, sino a especular con ellos. Es decir, se movilizará una enorme cantidad de recursos, que aportará liquidez a los bancos, apuntalando el sistema financiero y limitando así la caída de las bolsas. Un auténtico plan de ayuda al capital.

Mientras todo esto ocurre, la realidad cotidiana aquí es que millones de personas deben acudir a trabajar sin las condiciones de seguridad que se conocen. Porque el gobierno no ha tomado la medida elemental de prohibir los despidos por una parte y, por otra parte, no ha tomado el control de la producción que asegure la disponibilidad necesaria de algo tan básico como, por ejemplo, las mascarillas. Se nos dice que se trata de una guerra contra el virus, pero entonces, ¿por qué no se despliega toda la capacidad productiva de munición contra él? Se nos prohíbe salir a la calle salvo excepcionalmente, pero se impone la presencia de millones de personas en sus puestos de trabajo sin medidas de seguridad suficientes.

La clave de todo radica en el destino de los recursos. Quizá a alguien le pueda resultar maximalista hablar de nacionalizar la banca, pero, ¿acaso podemos permitirnos como sociedad que los recursos financieros sigan orientándose al negocio privado, a la especulación? ¿No es imprescindible y urgente poner el conjunto de recursos, y en particular los financieros, al servicio de las acuciantes necesidades sanitarias y económicas de la mayoría de la población, que somos quienes vivimos o tratamos de vivir de nuestro trabajo? La nacionalización de la banca no tiene hoy ningún carácter maximalista, menos que nunca: es una exigencia literalmente vital para la mayoría.

Nos dirigimos a nuestros sindicatos, que no deben asumir ningún compromiso que no sea la defensa incondicional de las reivindicaciones concretas de los trabajadores (por tanto, aunque choquen con el Estado de Alarma). Nos dirigimos también al gobierno, elegido para recuperar las condiciones de vida arrebatadas con las políticas de ajuste: en el contexto de una crisis tan grave como la que ya está en curso, no hay término medio posible. O bien con el capital, cuyas políticas nos han llevado a este punto; o bien con la mayoría, para abrir una salida a la situación con contenido democrático, lo que resulta totalmente incompatible con el régimen monárquico tan putrefacto, subordinado al capital financiero, que nos lleva a una barbarie cada vez mayor.

Hay una exigencia añadida que el gobierno debe asegurar: el pleno ejercicio de los derechos democráticos, que la alerta sanitaria no impide. Alejándose por tanto de medidas reaccionarias como la prohibición del derecho de huelga que ha decretado el gobierno “progresista” portugués. En particular, el gobierno debe cumplir el compromiso de todos los partidos que lo integran, de la inmediata derogación de la Ley Mordaza. En un contexto presidido por la prohibición de la movilidad de la población y, por tanto, con dificultades materiales para la expresión democrática de sus reivindicaciones, todos tenemos que estar a la altura, los sindicatos velando por los intereses de la clase trabajadora y el gobierno respetando el mandato que le fue dado.

 

!!La vida de la mayoría no puede supeditarse a los intereses de la minoría.¡¡

 


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