Sobre el informe SEGO

15 marzo, 2020 en Tribuna libre

El informe SEGO empeora las condiciones de las trabajadoras embarazadas

La suspensión de contrato por riesgo en el embarazo es una medida de protección del feto y de la salud de la madre cuando ésta ocupa un puesto de trabajo que supone riesgos. Con la aprobación, en 2007, de la ley de igualdad, esta prestación pasó a considerarse una contingencia profesional y, por tanto, a ser gestionada por las mutuas.

La prestación no se concede de manera arbitraria. Requiere un informe del servicio de prevención que debe certificar la existencia de riesgo y que no existe en la empresa un puesto alternativo para la trabajadora embarazada. Con estos datos, la mutua debe emitir un certificado médico que acredite el riesgo. Por tanto, es la mutua quien tiene la “llave”, y a menudo utiliza ese poder para cuestionar los informes de los servicios de prevención y retrasar o denegar la prestación. Y mientras se dilucidan estas diferencias, se mantiene a la trabajadora embarazada expuesta a riesgos.

Como para la empresa no supone costo, ya que recibe una bonificación del 100% de la cuota de seguridad social, las mutuas, para las que esta prestación ronda el 4,5% de su recaudación, han desconfiado siempre de esta prestación. Incluso han creado una figura, la del “técnico evaluador de puesto de trabajo”, para fiscalizar la actuación de los servicios de prevención. Una figura que los sindicatos denuncian como ilegal, porque suplanta a la inspección de trabajo, la Autoridad Laboral y la auditoría a la que tiene que someter la empresa sus medios en prevención.

El hecho es que a lo largo de los últimos 10 años ha habido una progresiva reducción de las prestaciones por riesgo para el embarazo, mientras las mutuas difunden rumores de “fraude” en la prestación.

La puntilla ha sido el “Informe SEGO”, elaborado en 2019 por el INSS junto con la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo. La guía SEGO ha recomendado posponer una media de cuatro semanas la suspensión de contrato por riesgo en el embarazo. Los sindicatos, que no han sido invitados a participar en este informe, han denunciado que tiene carencias en cuanto a evidencias científicas y endurece los criterios de acceso a la prestación de las trabajadoras embarazadas respecto a la primera versión.

Se está vulnerando el derecho fundamental a la salud de la trabajadora embarazada y el feto.  En muchas ocasiones, la trabajadora acaba por acudir a su médico de familia, quien prioriza la salud de la trabajadora y extiende baja por contingencia común, transformando los casos de “riesgo para embarazo” en “embarazos de riesgo”, de manera que se convierte una prestación por contingencia profesional en una incapacidad temporal por contingencia común. Y la mutua se ahorra el coste de la prestación.  

Como hemos dicho, los sindicatos cuestionan esa situación. Hace falta convertir ese rechazo en acciones concretas, en movilización. Y, de paso, cuestionar el papel de las mutuas, entidades privadas que son juez y parte en los procesos de incapacidad de las personas trabajadoras.

Mª Mar Valerio, Secretaria de la mujer Sindicato de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Sevilla

Luis González, Secretario de Acción Sindical


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