Reivindicaciones obreras y derechos democráticos

24 diciembre, 2018 en Comunicado

(Descarga la declaración en PDF)

Declaración de la Redacción de Información Obrera

Casi cuatro millones de trabajadores se van a ver inmediatamente beneficiados por los decretos aprobados por el Consejo de Ministros de este viernes 21 de diciembre.

Los acuerdos aprobados incluyen un aumento del salario mínimo del 22,3 por ciento, que afecta a un millón trescientos mil trabajadores (de los cuales, las dos terceras partes son mujeres), aumento del 2,5% para los empleados públicos de todas las administraciones (que llega a un 2,75% de media con los fondos adicionales). A esto se suma el anuncio del restablecimiento del IPC para el cálculo de la subida de las pensiones, a partir de 2019, que afecta a 11 millones de pensionistas.

A eso hay que añadir que, el martes día 18, Pedro Sánchez anunció a los sindicatos una respuesta rápida sobre la anulación de algunos de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2013.

Poco han tardado  la patronal y las instituciones que sirven al capital financiero, empezando por el FMI y otras instituciones internacionales, y acabando por el Banco de España, en lanzarse en tromba a criticar duramente estas medidas, parciales, pero de pura justicia. Esas instituciones son enemigas de la democracia y quieren romper todas las aspiraciones y esperanzas de trabajadores y pueblos.

No cabe duda de que lo que ha concedido Sánchez no son todas las reivindicaciones por las que los trabajadores se han movilizado estos años, pues han sufrido todas las consecuencias de la crisis, al tiempo que los grandes capitalistas y la banca eran rescatados con millones de fondos públicos o incluso aumentaban los beneficios. Pero es un paso práctico importante en la buena dirección, corresponde a la voluntad ampliamente mayoritaria de trabajadores y pueblos. Y tampoco cabe duda de que para los trabajadores, los pensionistas, los jóvenes sin empleo, las mujeres que cobran bajos salarios, son, sin duda un estímulo central para continuar la lucha por la plena satisfacción de todas las reivindicaciones, por la anulación total de las reformas laborales, por la defensa del actual sistema de pensiones, por la recuperación de los servicios públicos y la restitución de los derechos de su trabajadores y trabajadoras.

La cuestión de Cataluña

El gobierno no se contentó con medidas sociales. El jueves 20, en una entrevista entre Pedro Sánchez y Quim Torra, se acordó un comunicado para “vehicular una propuesta con amplio apoyo de la ciudadanía catalana”.

Este compromiso es decisivo. Quiere intentar una salida política que permita superar la situación creada por los jueces que han encarcelado a los elegidos por el pueblo catalán hace un año. Quiere superar la situación en que se ha dado este Consejo de Ministros. Pues buscar una salida política democrática exige tomar en cuenta que el 82% de la población catalana exige –y el resto de los pueblos también, en otras formas– ejercer el derecho a decidir cómo organizar la convivencia y las relaciones entre los pueblos. Y esta exigencia democrática del pueblo catalán es cada vez más apoyada por amplios sectores de trabajadores y jóvenes en todos los pueblos del Estado, a diferencia de lo que han hecho hasta ahora todos los gobiernos.

No es por casualidad que las mismas fuerzas que se oponen a las medidas sociales elementales aprobadas por el gobierno Sánchez, aúllen a coro, en la voz de los dirigentes del PP y Ciudadanos, contra cualquier atisbo de búsqueda de una salida política a la cuestión catalana, y la caractericen con gruesas acusaciones de “traición” y de “humillación” , a la vez que reclaman la aplicación de un 155 mucho más duro que el de Rajoy, eliminando toda sombra de autonomía y pisoteando todos los derechos democráticos.

Basta leer el editorial del portavoz de la Casa Real, ABC, del sábado día 22, que, bajo el título “Sánchez humilla al Estado”, dice lo siguiente:  “Ha habido claudicación del Gobierno español al sumarse a un comunicado infame que no hace alusión alguna a la Constitución o a la exigencia de cumplir la ley “. Un comunicado que significa según el ABC “la desautorización del gobierno de Sánchez al histórico discurso pronunciado por el rey hace un año” (se refiere al discurso del 3 de octubre del 2017, en que el Borbón llamó al aparato de Estado a cerrar filas contra los republicanos catalanes, sin reparar en medios). La desfachatez llega hasta a condenar la rehabilitación de Lluís Companys, que ha hecho el Gobierno (y que, aún, queda muy lejos de la anulación del juicio y la condena, como exigen, para todas las condenas, las asociaciones de Memoria Histórica). ABC dice al respecto que “también es ofensiva para muchos millones de españoles la rehabilitación moral de la figura de Lluis Companys”. Companys que fue entregado por la Gestapo a la policía franquista, en 1940, torturado en el Dirección General de Seguridad en Madrid, juzgado por un tribunal militar sumarísimo sin garantías en el castillo de Montjuic y fusilado después. La matriz franquista del ABC, el PP y Ciudadanos no llama a duda.

También es obligado tomar nota de las declaraciones de la consejera de Presidencia y portavoz del gobierno catalán, que estima que para el pueblo catalán no significan nada las medidas del Consejo de Ministros. Elsa Artadi considera que el pueblo catalán es ajeno al salario mínimo, a la retribución de los funcionarios, a la subida de las pensiones… ¿de qué pueblo habla? Elsa Artadi fue la autora del plan de recortes catalán, el más brutal de los que se han aplicado en el Estado español. Contra ese plan se levantaron los trabajadores de Cataluña, incluso los independentistas. El gobierno catalán del que Artadi es portavoz es el único en el Estado español que retrasa cuatro años más el pago de las extras birladas en su día. Sus declaraciones no representan al pueblo catalán, tienen la misma brújula que las de Ciudadanos y el PP: facilitar la rapiña del capital financiero.

Para los trabajadores y los pueblos librarse de la herencia franquista y de los demás agentes del capital financiero es una necesidad vital para poder alcanzar las soluciones políticas, democráticas y sociales necesarias. Soluciones que, en nuestra opinión, sólo son posibles rompiendo con el Régimen de la Monarquía. Esa es la limitación con que topan todas las medidas de gobierno Sánchez.

Derechos sociales y derechos democráticos van de la mano

En efecto es una necesidad, como el agua para beber, recuperar las conquistas sociales y acabar con todas las medidas antidemocráticas aprobadas por el anterior gobierno Rajoy.

El anuncio, para finales de enero, del juicio a nueve republicanos catalanes bajo la acusación de crímenes inexistentes, tales como rebelión y sedición -que más de 400 juristas consideran, en un comunicado que han hecho público, inexistentes- es una cuña de gran calibre que los jueces franquistas quieren clavar contra la fraternidad entre los pueblos, con el objetivo de facilitar con ello los ataques a los derechos sociales que exigen el gran capital y sus instituciones.

Es más natural que nunca establecer la relación entre derechos sociales y democráticos, afirmar, con los hechos, que sólo la acción conjunta de los trabajadores y los pueblos puede hacer frente a las agresiones en todos los terrenos, y que ninguna vía unilateral al margen de ellos puede dar solución.

Por ello, consideramos de la máxima importancia la realización de una amplia campaña en todo el país por la anulación de los juicios y la libertad de los encausados y el apoyo al mitin que el próximo 26 de enero se va a celebrar en Madrid, con este objetivo, apoyado por 100 militantes obreros, sindicalistas y demócratas de todo el país, junto con militantes de otros países.


2 opiniones en “Reivindicaciones obreras y derechos democráticos”

  1. NEUMA LOPES dice:

    Muy justo!!!

  2. Luis González Sanz dice:

    No la tenéis colgada para descargar?

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