Reconstrucción, al servicio de los trabajadores y los pueblos

14 mayo, 2020 en

Reconstrucción, al servicio de los trabajadores y los pueblos

Este lunes 11 de mayo el Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, firmó con los dirigentes  de la patronal y de los sindicatos UGT y CCOO un acuerdo para prolongar los ERTE hasta el 30 de junio.

Este acuerdo tiene varias consecuencias y lecturas. Por un lado, amplios sectores de la patronal lo consideran insuficiente porque la fecha del 30 de junio es prematura y porque no establece la libertad total de despidos, que es, no ahora, sino siempre, la “reivindicación” tradicional de los empresarios.

Pero desde el punto de vista de los trabajadores, que somos la mayoría –los que producimos y vivimos en una situación de indefensión–, este acuerdo deja de lado la protección del derecho más elemental, el derecho al trabajo. Permite a las empresas despedir en varios supuestos: si se encuentran con dificultades financieras, si se trata de fijos discontinuos o si se trata de finalizar contratos temporales.

Recordemos que hace apenas dos meses, la Ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, anunció la supuesta prohibición de los despidos. En realidad, la medida era mucho más propagandística que real. Se limitaba a prohibir los despidos objetivos cuya causa fuera la epidemia, convirtiéndolos en improcedentes. Unos despidos improcedentes que la reforma laboral abarató significativamente, sobre todo para trabajadores con mucha antigüedad. Y se dejaron fuera los despidos producidos antes de sacar el decreto.

Ahora, con este acuerdo, Pedro Sánchez quita con la derecha lo que su ministra dio con la izquierda hace apenas dos meses.

El anuncio de la vicepresidenta Montero de que el Gobierno negociará los presupuestos del 2021 con Ciudadanos es una señal clara de por dónde ve el Gobierno que hay que tomar medidas… o sea, respetando las líneas rojas que ha trazado el capital.

En estas condiciones, el recorrido que se diseña para la “comisión de reconstrucción”, presidida por el dirigente del PSOE Patxi López, con Enrique Santiago, secretario general del PCE y diputado de Unidas Podemos como vicepresidente, con todos los grupos parlamentarios… parece ir en el mismo  sentido que los Pactos de la Moncloa en que se inspira, pactos que significaron un ataque frontal contra los derechos de los trabajadores y contra la democracia; el único fin fue consolidar la monarquía corrupta impuesta por Franco.

La realidad es concreta. La exigencia de reconstrucción, si se quiere que sea en favor de la mayoría de la población, pasa por poner en cuestión el dominio absoluto del gran capital y los privilegios del régimen monárquico, verdadero obstáculo, por su parasitismo y poder arbitrario, para combatir contra la epidemia y por los derechos.

Un ejemplo actual es claro.

La multinacional Nissan, que se ha embolsado subvenciones públicas millonarias, quiere simplemente cerrar su factoría de Barcelona y dejar en la calle a miles de trabajadores. Y puede ser sólo el comienzo en un sector como el automóvil, cuyas ventas se han desplomado, y que ocupa a 570.000 trabajadores y trabajadoras.

¿Qué hacer? ¿Pergeñar, una vez más, los tradicionales planes de prejubilaciones y demás? Eso sólo sería despedir “blandamente”, pero perdiendo los puestos de trabajo. O dar pasos reales para mantener los puestos de trabajo: intervenir la empresa y si es necesario nacionalizarla. Esto exige, evidentemente, la acción decidida de los trabajadores y sindicatos, y no sólo en Nissan, sino en todo el sector… porque Nissan no sería más que la primera.

A esto estamos confrontados. La campaña lanzada por el CATP en torno a las 14 medidas de urgencia, busca ser un punto de apoyo para exigir que las organizaciones se coloquen a la cabeza de la movilización, para permitir que ésta pueda expresarse sin otro objetivo que impedir los despidos, defender o recuperar los derechos, y reconstruir para la mayoría social


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