Qué significan las fusiones bancarias

16 septiembre, 2020 en

Editorial del IO especial nº 18

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Los consejos de administración de Caixabank y Bankia se van a reunir esta semana para dar luz verde a la integración de Bankia en Caixabank y tratar de las modalidades de esa fusión, que algunos habían propuesto desde hace años, y a la que, según el Gobierno, pueden seguir otras. Todo esto se anuncia para “sorpresa” de algunos, que incluso están en el Gobierno, y que, hasta el día antes, venían hablando de una “banca pública” a partir de Bankia.

Unánimemente, la patronal, el Banco Central Europeo, el PP, Vox, Ciudadanos y el Presidente del Gobierno han declarado que era una medida positiva para España. Algunos han dicho que no estaban al corriente y los dirigentes máximos de UGT y CCOO se han limitado a advertir que era necesario impedir despidos “traumáticos” (o sea, que hay que resignarse a despidos que no lo sean). Por su parte, Pablo Iglesias declaraba a la cadena Ser que durante la negociación del acuerdo de gobierno para la coalición pidió a Pedro Sánchez “mantener Bankia como banco público, pero perdí la discusión” y que entonces pactaron “convertir el ICO en un banco público”.

No es difícil constatar que esta unanimidad y esta resignación chocan con los derechos y necesidades más elementales de los trabajadores y de la inmensa mayoría de la población.

Los datos

Durante la crisis del 2008, el Estado rescató a la banca con dinero público, con un coste de más de 60.000 millones de euros, de los cuales Bankia en particular se llevó 24.000 millones. Dinero que no se ha recuperado y que Pedro Sánchez reconoce que difícilmente se va a recuperar. Un regalo, entonces, a la banca, que se sustrajo de los gastos sociales, es decir, que se financió con los recortes a Sanidad y Educación… con las consecuencias dramáticas que padecemos ahora.

En segundo lugar, la fusión contempla de entrada prejubilar a 7.500 y luego prescindir de muchos más; hablamos de jubilaciones a los 52…, a cargo, una vez más, de la caja de la Seguridad Social.

La fusión va a significar el cierre de cientos de oficinas. BNP Paribas, estima que el 50% de las oficinas de Bankia podrían cerrarse. Barclays, que serían 1.400 de las 2.300 sucursales.  Hoy la mitad de los pueblos de España, los más pequeños, carecen ya de oficina bancaria (luego hablan de defender la “España vaciada”). Lo mismo sucede en multitud de barrios de las ciudades, en particular los barrios obreros, con las consiguientes dificultades para cobrar el salario y la pensión o pedir un crédito.

Esta concentración bancaria es un nuevo golpe contra la población y su nivel de vida.

¿A quién aprovecha?

Sin duda, a los grandes accionistas, que han visto su valor bursátil aumentar, y a las grandes  empresas que tienen acceso al crédito, ahora de una entidad mayor. Esta fusión obedece sin duda a la necesidad del capital que ante la crisis no duda en sacrificar a sectores enteros de la economía. En contradicción con ese mensaje que nos dieron al comienzo de la pandemia de que “las cosas iban a cambiar”.

Desde 2009 se destruyeron las Cajas de Ahorro, que, con participación de los ayuntamientos y los sindicatos, cumplían algunas funciones sociales. En este tiempo se han suprimido 100.000 puestos de trabajo en el sector financiero. Algunos esperaban que la participación mayoritaria en Bankia del Estado, un 61 por ciento, permitiría la creación de una banca pública. Pero la realidad es dura, el sueño de una banca pública compitiendo en la jungla financiera se ha desvanecido como lo que ha resultado ser: el sueño de una noche de verano (ya hemos visto lo que reconoce ahora Pablo Iglesias).

Lo cual plantea a los trabajadores, a la población, a las organizaciones, una pregunta acuciante: ¿Qué salida?

A esto hemos de responder que, si se quiere defender los puestos de trabajo sin ningún despido, y el mantenimiento de todas las oficinas como un servicio público imprescindible, si se quiere responder a las exigencias de la mayoría, de los autónomos y las pequeñas empresas que necesitan créditos asequibles, es necesario avanzar hacia una Banca Pública única, que sólo puede construirse a partir de la nacionalización sin indemnización de la banca, con control de los sindicatos, para poner a la banca al servicio de la población, del empleo y de la inversión productiva.

Lo que exige, de inmediato, la devolución de los 60.000 millones, y ningún despido.

Entendemos que esta cuestión, de la que dependen las reivindicaciones, va a ocupar un lugar central en la conferencia estatal de trabajadores que el CATP convoca para el 7 de noviembre.


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