Presupuestos 2017: por un gobierno que diga ¡basta de recortes!

15 septiembre, 2016 en Economía, Edición Impresa

(Publicado en el número 307 de la edición impresa – Xabier Arrizabalo)

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Xabier Arrizabalo

El conflicto en torno a las cuentas públicas de 2017 encarna perfectamente la situación de empantanamiento político que atravesamos. El calendario habitual sitúa en agosto o septiembre la fecha en la que el gobierno remite el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) al Congreso. Todo apunta a que esto no va a ocurrir y, como un gobierno en funciones no puede proponerlo, se procedería a una prórroga de los de 2016, con todo su efecto en cascada para el gasto público de comunidades autónomas y ayuntamientos.

El capital exige nuevos recortes, que intenta imponer a través de sus instituciones, y en particular de su brazo armado en materia presupuestaria, que es la Comisión Europea (CE). Se presenta bajo la fórmula de “fijación del techo de gasto”, como si la programación del gasto público no formara parte de los PGE, para así sortear el obstáculo de la inexistencia de gobierno. Y si ya en 2016 hubo una reducción respecto a 2015 del 4,4% (de 129.060 millones de euros a 123.394), de nuevo para 2017 se quiere imponer una reducción, que concretaría los sucesivos llamados de la CE a recortar miles de millones de euros del gasto público. La confirmación de un desvío del déficit público de casi 10.000 millones de euros en 2015 (5,1% frente al anunciado del 4,2%), le permitió a la Comisión poner en marcha el antidemocrático mecanismo de injerencia en la soberanía de los Estados conocido como “procedimiento de déficit excesivo”. Además, hasta julio planeó la amenaza de una multa que podría haber superado los 2.000 millones de euros y mantiene la de congelar la transferencia de fondos por más de 1.000 millones (cerca del 8% del total).

La perspectiva de la clase trabajadora al respecto es obviamente la opuesta: sus reivindicaciones, expresadas a lo largo de todos estos años con las movilizaciones contra los recortes, por una adecuada financiación de la enseñanza, la sanidad, la dependencia, por el empleo público y los salarios del sector, por las pensiones. Etcétera. Y también expresadas electoralmente, más allá de todas las limitaciones, haciendo posible, a pesar de todo, la aritmética parlamentaria para un gobierno que ponga en marcha la reversión de los recortes.

Las cuentas públicas constituyen un instrumento muy importante de la política económica. Sin idealizar su capacidad de resolver los graves problemas que implica, cada vez más, el desarrollo histórico del capitalismo en su fase imperialista, lo cierto es que en torno a ellas se concentra la lucha por una parte muy relevante del salario.

En efecto, los presupuestos, como cualquier otro ámbito de la economía actual, no son ni podrían ser ajenos al conflicto de clases. Al contrario: lo concentran con toda claridad porque la explotación sobre la que se asienta la acumulación capitalista no es una cuestión que subordine individualizadamente a cada trabajador con cada capitalista, sino que se ejerce por el conjunto de la clase capitalista sobre la clase trabajadora (de hecho, esto es precisamente lo que permite hablar de clases). En primera instancia la explotación radica simplemente en el trabajo no pagado a los productores (los trabajadores) cuyo resultado es un valor añadido o plusvalía, por el que compiten los capitalistas para su apropiación particular como ganancia individual por cada uno.

Pero hay una “segunda vuelta”, que es la actividad redistributiva de los Estados, llevada a cabo en gran medida a través de los presupuestos. Esta redistribución no es necesariamente progresiva, ya que su efecto final depende de dos factores: de dónde proceden sus recursos y adónde se destinan. Los recursos proceden sobre todo de los impuestos que, cada vez más, se hacen recaer sobre los trabajadores. Tanto indirectamente por el mayor peso de los indirectos, que pagamos todos en igual proporción con independencia de nuestro nivel de riqueza (como el IVA); como directamente por la reducción de los que afectan sobre todo a la clase burguesa (sociedades, sucesiones, donaciones) y los fenómenos de elusión fiscal (triquiñuelas legales para no pagar) y evasión fiscal (delito que, sin embargo, apenas es perseguido como denuncian las propias asociaciones de inspectores de hacienda). De modo que la financiación del gasto público recae cada vez más sobre los trabajadores y, por otro lado, su destino cada vez se destina más a los capitalistas. Como con los rescates empresariales frente a los recortes del “gasto social” que, en definitiva, no es sino una forma indirecta de salario.

No hay retórica que valga: los diputados de los partidos que prometieron acabar con los recortes deben respetar el mandato popular y constituir ya el gobierno que lo lleve a cabo, para satisfacer las reivindicaciones más elementales. Nada puede estar por encima de esto.


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