Organizar la defensa de la Seguridad Social y las pensiones públicas

15 septiembre, 2016 en Edición Impresa, Pensiones

(Publicado en el número 307 de la edición impresa – J.M. Fernández)

El gobierno, la prensa y los partidarios de aplicar los planes patronales y endosar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores plantean la necesidad de reducir los costes salariales diciendo que para mejorar la creación de empleo. Al mismo tiempo se escandalizan de los déficits de la Seguridad Social, que como es sabido se financia con una parte de esos salarios que quieren reducir. Y evitar sus efectos sobre las pensiones contributivas lanzan su campaña de complementarlas con su financiación por impuestos.

Para que les cuadre la ecuación ocultan sistemáticamente que los falsos déficits que aducen de la Seguridad Social desaparecerían si cesara la política continuada de destrucción de las condiciones de trabajo (reducciones salariales, paro masivo, empleos de poca calidad, temporales, convenios colectivos que limitan sus efectos sobre todo el sector, etc.) sobre las que se asientan las cotizaciones sociales, y cesaran las bonificaciones en cuotas a los empresarios. Desaparecerían también si se hubiera hecho frente al saqueo sistemático que se ha hecho a la caja única de la seguridad social, imputándole gastos que debían haberse financiados por el presupuesto del estado. Las exigencias de la convergencia de Maastricht y la posterior política de recortes, se convirtieron en los impulsores del traslado a la Seguridad Social de gastos que debían figurar en el presupuesto del estado (gastos de la asistencia sanitaria, complementos a mínimos, bonificaciones de cuotas a los empresarios, etc.).

El sistema de pensiones de la seguridad social, que se financia por el sistema de reparto a través de cotizaciones sociales de los trabajadores no es deficitario. Pero sus cuantiosos excedentes de cotizaciones, en vez de nutrir el fondo de reserva, que sólo se dotó a partir del año 2000, se utilizaron para financiar la política asistencial del gobierno, constituyendo uno de los principales expolios de cotizaciones sociales propiedad de los trabajadores.

El sistema público de pensiones en nuestro país está basado en la solidaridad de la clase obrera. La solidaridad entre generaciones de trabajadores consistente en que los activos financian con sus cotizaciones las pensiones de los jubilados, que a su vez cuando trabajaron fueron cotizantes para pagar las prestaciones de sus mayores. Es una solidaridad de clase cuyo origen se remosta a los orígenes del movimiento obrero, y que tanto contribuyó a la constitución de la clase obrera como clase, diferenciada y enfrentada a la patronal. Ya en el XIII Congreso de UGT, en 1918, se aprobó, en base a una cuota sindical “con caja centralizada y única”, prestar servicios que, además de los estrictamente sindicales, con el tiempo alcanzaron a ayudas por la familia, por despido injusto, por accidente, invalidez, servicios sanitarios y farmacia y en algunos momentos, hasta pensión vitalicia.

Abrir la puerta a que pensiones contributivas, es decir financiadas con cotizaciones sociales (salario diferido), pasen a ser financiadas con impuestos es un golpe a la Seguridad Social, a la clase obrera que forjó y a sus organizaciones, los sindicatos. Esta política de sustituir cotizaciones por impuestos es la que patrocina la UE, que en primer lugar significa reducir los costes salariales, es decir, supone reducir los salarios en beneficio de los empresarios. En segundo lugar detraer recursos de los impuestos sólo puede hacerse reduciendo los recursos estatales destinados a otros gastos tales como educación, sanidad, obras públicas o salarios de los empleados públicos Y por último los más perjudicados por esos impuestos serán los trabajadores, tanto si son impuesto indirectos o incluso por impuestos directos, dada la estructura impositiva española cada vez más regresiva.

Es mucho lo que está en juego para la clase obrera y para sus organizaciones. La salida necesita que los sindicatos ocupen el lugar que les corresponde en el terreno de la defensa del salario y las condiciones de trabajo, así como organizando la resistencia en la defensa de los salarios directos y diferidos, la derogación de las reformas laborales que lo han reducido, la eliminación de la legislación que limita la acción de los convenios y la defensa del sistema público de pensiones basado en el sistema de reparto derogando las reformas de reducción de las pensiones, contra la salida de las prestaciones de viudedad y orfandad del ámbito contributivo.

 


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