Los déficits del Estado y los “déficits” de la Seguridad Social

Este artículo se publicó en la edición impresa (números 297 y 298)

Autor: Juan Miguel Fernández

El Gobierno aprovechó la discusión de los Presupuestos Generales del Estado [de 2016] para generar incertidumbre respecto al futuro de las pensiones y anunciar que sólo el PP puede garantizarlas. El panorama que se describe es el de una Seguridad Social con déficits reiterados desde 2011, y la prueba de esa crisis llegará en un par de años cuando los déficits reiterados consuman el Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Pero lo que hay detrás de los actuales apuros financieros son decenas de ataques reiterados por parte de los gobiernos de diferente signo que se han ido sucediendo desde la transición, habiendo contado con suficientes apoyos desde sectores de izquierda oficializada, amparados todos ellos bajo el paraguas de la llamadas políticas de diálogo social y consenso.

Nuestro sistema de Seguridad Social arrancó con la Ley de Bases de 1963, configurada desde el principio como un sistema integrado contributivo y de reparto, y definitivamente comenzó a funcionar en 1967[1].

La evolución de la protección social en España está estrechamente vinculada a los movimientos de la lucha de entre las clases, en el que se pueden destacar tres grandes fases. Ha dibujado unas etapas en el desarrollo, en nada lineal y continuo, de la protección social en España. Así mientras que en un primer periodo de 8 años, de 1967 a 1975, el crecimiento de la protección social (incluyendo pensiones, educación, sanidad, desempleo y asistencia sanitaria) creció un 3,35 del PIB, en el periodo de 6 años que siguen a la muerte de Franco, desde 1975 a 1980, el crecimiento fue más del doble, el 7,55 del PIB. Y por último en un tercer periodo de 15 años desde 1981 hasta 1995, en que se firmó del Pacto de Toledo, el crecimiento total es del 6,1% del PIB.

Prueba evidente de la cesión de terreno realizada por las clases dirigentes, tras la muerte de Franco, para encauzar las movilizaciones obreras que, al ejemplo de lo ocurrido meses atrás en Portugal, amenazaban con enterrar las instituciones franquistas. Cedieron en múltiples aspectos para salvar las instituciones centrales del régimen y organizar su reforma y transición. A su vez esas conquistas arrancadas por la clase obrera fortalecen su vínculo con la defensa de lo que legítimamente considera fruto de su lucha, la defensa de la seguridad social, de la sanidad, y la enseñanza y demás servicios públicos.

De los pactos de la Moncloa al pacto de Toledo

Los dos frenazos fundamentales que destacan en la evolución anteriormente descrita, además del actualmente en curso por la política del PP –con el panorama de la sangría del Fondo de Reserva de la Seguridad Social– se dan en 1977 con los Pactos de la Moncloa, y en 1995, con el Pacto de Toledo.

En los Pactos de la Moncloa, frente a las reivindicaciones obreras, se asume el núcleo argumental de los ataques de la patronal contra el sistema de la seguridad social hasta el momento presente: los partidos políticos y el Gobierno expresan su consenso en los siguientes puntos concretos: (…) Reducción de los costes de trabajo para las empresas mediante un menor crecimiento de las cuotas de la seguridad social y progresivo control social de las prestaciones con participación de los representantes de los trabajadores, de los empresarios y de las distintas fuerzas sociales”.

Una ofensiva sorda y continua cuyo objetivo es conseguir que la seguridad social no dependa de los salarios, del salario diferido, es decir, que no dependa de los trabajadores, que no sea propiedad colectiva de la clase obrera. En definitiva, el objetivo de esa estrategia es que la seguridad social, las prestaciones, sean financiadas por impuestos, y como consecuencia de ello sus prestaciones dependan de las necesidades presupuestarias del gobierno y de las presiones y dictados de la Unión Europea.

A partir de entonces el eje de los ataques ha consistido en contener las prestaciones y mediante su universalización, como en caso de la asistencia sanitaria, desvincularlas formalmente de los beneficiarios de la seguridad social, de un lado. Por otro, con los recursos excedentarios de las cotizaciones sociales durante decenios se ha estado financiando la concesión de ayudas, subsidios, prestaciones y servicios públicos, ayudas a las empresas, la política de beneficencia general del Estado y un largo etc., según la política social de cada gobierno. En esto ha consistido el saqueo a la seguridad social, y ahora, cuando el sistema está maduro y ha de hacer frente a fuertes retos derivados de la demografía, sus recursos han sido esquilmados y lo que debería haber constituido dotaciones a los fondos de reserva no existe.

El Pacto de Toledo, de 1995, ha constituido el cuadro de aplicación de estas políticas. Dos ejemplos sobre los importes y plazos para que las prestaciones no contributivas se financien por el Estado:

* Con el señuelo de la separación de fuentes y con un generoso calendario de aplicación, los complementos a mínimos, en virtud de una modificación de la ley de Seguridad Social, 1977, se financiarán todavía con cargo a cotizaciones sociales de modo paulatino, en un plazo que no superará los 12 años, contados a partir del 1 de enero de 2002“, es decir, hasta 2014, año en el que ascendieron a 7.519 millones de euros.

* Lo mismo puede decirse de las políticas activas de empleo y bonificaciones de cuotas a los empresarios, reduciendo cotizaciones, que igualmente deberían financiarse con la imposición general. UGT estima que en 2014 el importe de estos regalos a los empresarios le cuesta a la Seguridad Social unos 4.000 millones de euros.

El diálogo social y los ataques a la Seguridad Social

El 7 de julio último [de 2015], en la reunión de seguimiento del Pacto de Toledo se da una situación insólita: se presentan propuestas aparentemente contradictorias pero que conducen al mismo resultado.

De una parte el Gobierno propone una nueva prestación consistente en un suplemento del 5% de la pensión de viudedad para las mujeres que se jubilen a partir del año próximo. Al margen del carácter electoral de la misma, pues afectaría sobre todo a mujeres de más de 60 años, lo destacable ahora aquí es que propone que se financie con cargo a cotizaciones cuando hay unanimidad en que su lógica financiación correspondería a la imposición general.

De otra parte, el representante de CCOO propone que las prestaciones derivadas de fallecimiento, supervivencia, viudedad, orfandad y en favor de familiares, ahora financiadas con cuotas, pasen a estar a cargo de la imposición general. Propuesta que es aceptada por el Gobierno, que lo incluye como elemento central de otra reforma.

Dos movimientos aparentemente contradictorios pero que conducen al mismo resultado: generar y aumentar los problemas de financiación de la seguridad social cargándola de gastos no imputables y desnaturalizar la seguridad social, desvincular sus prestaciones de la masa salarial de la clase obrera, sustituyendo en su financiación el salario diferido por el sistema de imposición general del Estado, y algunos ya apuntan a la imposición indirecta.

Es necesario que la clase obrera y los sindicatos ocupen el lugar que les corresponde en la defensa del sistema de seguridad social.

1 de septiembre de 2015

[1] Es útil recordar que la constitución de fondos de reserva para garantizar la estabilidad del sistema de seguridad social estaba ya contemplada en la Ley de Bases de 1963 y en su Texto Articulado de 1967. Para hacer dotaciones a un fondo de reserva no era necesario esperar a que el Pacto de Toledo propusiera crearlo, y sin prisas constituirlo en 1997 y, sin prisas, recibe su primera dotación en 1999. La única causa de que los fondos de reserva no se dotaran, precisamente en los periodos iniciales del sistema a los que corresponden los mayores excedentes, ha sido porque esos inmensos excedentes de cotizaciones sociales se han utilizado por el Estado para financiar sus políticas sociales.


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