Lo que está en juego

23 abril, 2020 en

 Hace 45 días que la OMS declaró la pandemia, y 42 días desde que se declaró el Estado de Alarma. Pero, todavía, los trabajadores de la salud siguen yendo a lo que el Gobierno ha llamado “frente” sin la protección necesaria, los mayores de las residencias sufren una altísima mortalidad en centros que no tienen personal ni reúnen condiciones para atender a pacientes de COVID-19, pero que obtienen pingües beneficios, los trabajadores en general temen volver al trabajo sin medios de protección o perder su empleo, los estudiantes no saben si van a perder el curso, millones de familias no tienen con qué llegar a fin de mes…

Nos hablan de una nueva renovación del confinamiento, una medida medieval para controlar la epidemia, en cualquier caso se exigen otras medidas, realización masiva de pruebas al personal sanitario, a los internos y personal de las residencias, a los que han pasado la enfermedad, a todos los casos sospechosos para poder atajar los contagios, y aislamiento selectivo.

Mientras eso pasa en el mundo real, todo el mundo “oficial” se felicita del principio de acuerdo con el PP para que participe en una “Mesa por la reconstrucción”, que se desarrollará en una comisión parlamentaria en el Congreso. Medida exigida por el PP para tomar protagonismo en el control del Gobierno, arrinconando a otras formaciones. Los medios de comunicación, propiedad de grandes grupos empresariales en su inmensa mayoría, se felicitan de esa noticia porque sus amos temen que la indignación de los trabajadores y la población se traduzca en acciones masivas, cuando ya ven los signos de resistencia que surgen desde abajo en los centros sanitarios y los centros de trabajo, a todos los niveles… y se apresuran a cerrar todas las vías con propuestas de pacto.

Ahora bien, como recogen nuevas entrevistas que publicamos en este periódico, muchos  se preguntan, legítimamente, si un pacto con los representantes de los especuladores puede ser la base para defender y reforzar la sanidad pública.

O si un pacto entre responsables de las contrarreformas laborales y los ataques a las pensiones puede garantizar la defensa de los derechos sociales.

O si un pacto con los enemigos de las libertades, partidarios acérrimos de la ley Mordaza, que el Ministro del Interior aplica a diestro y siniestro, puede servir para reforzar la democracia.

O si un pacto con la CEOE y los empresarios, a los que sólo les interesa volver a producir para tener beneficios, puede garantizar la vida y los derechos.

Muchos se preguntan: ¿se sacrificarán, en bien de ese pacto, las promesas de derogar las reformas laborales y de pensiones, la LOMCE, la ley Mordaza, el artículo 315.3 del código penal?

Quienes defienden ese pacto cierran los oídos a todas estas legítimas preguntas. Porque detrás de la búsqueda de ese pacto, no está la preocupación por los intereses y aspiraciones de la población trabajadora, sino la enorme preocupación de que esta crisis no sólo acabe con el actual “personal político”, como decía un comentarista, sino que cuestione todas las instituciones del Estado que ufanamente dan el parte cada día en la televisión.

Es esto lo que está en juego, y lo saben…

Desde lo más profundo de la clase trabajadora, de la juventud, de los pueblos, la indignación busca cómo convertirse en acción política, en la alianza necesaria entre trabajadores y pueblos para exigir responsabilidades y obtener las reivindicaciones más sentidas, de acabar con los recortes y contrarreformas, para abrir camino a la soberanía del pueblo, de los pueblos. Un movimiento que sólo tiene una salida viable: la República.


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