Libertad para los republicanos catalanes

18 enero, 2020 en Edición Impresa, Editorial

El Tribunal Supremo rechazó este jueves 9 de enero conceder la libertad al líder de ERC Oriol Junqueras para que pudiera recoger el lunes 13 su acta de diputado europeo. El Tribunal de Luxemburgo lo había decidido así considerando, en aplicación de las leyes vigentes, que gozaba de la «inmunidad parlamentaria» y no podía ser condenado, como había hecho el Tribunal español el 14 de octubre.

A petición de los portavoces políticos del aparato de Estado heredado del franquismo (o sea PP, C’s, Vox) el Tribunal Supremo se pronunció contra la sentencia europea.

Paralelamente, un órgano sin potestad jurisdiccional, la Junta Electoral Central, decidió declarar la destitución de Quim Torra, presidente del gobierno catalán, ¡por delito de opinión! (o sea, por haber desplegado una pancarta por la libertad de los presos durante la campaña electoral).

Por si alguien se llamara a engaño sobre las instituciones europeas, el Parlamento Europeo acaba de pronunciar su acuerdo con el Tribunal Supremo español este viernes 10 de enero, anulando el nombramiento como eurodiputado de Oriol Junqueras.

¿De qué se trata?

Las instituciones judiciales heredadas del franquismo, y las instituciones europeas, son perfectamente ajenas a derechos y libertades. Y, en particular, a nada que pueda estorbar a los regímenes existentes, en este caso la Monarquía borbónica impuesta por Franco y «aceptada» por los partidos que dicen representar a los trabajadores.

¿Es necesario recordar que este régimen y sus instituciones de justicia son enemigos de libertades y derechos? No sólo del derecho a decidir de los pueblos, sino del derecho a manifestarse libremente (con la ley mordaza), del derecho a la huelga (con el 315.3 del código penal) … Por no hablar de la ratificación por parte de estas instituciones de las reformas laborales, del derecho a despedir aún estando enfermo o del apoyo a la banca y sus operaciones especulativas.

Es el poder arbitrario de este entramado el que está en juego con la condena de los republicanos catalanes y la continuada persecución judicial.

¿Por qué este encarnizamiento?

Seamos claros:  Junqueras, Cuixart, Bassa y sus compañeros no están en la cárcel porque desde el gobierno de Catalunya realizaran políticas más o menos favorables a los trabajadores. Desde estas páginas, militantes de Cataluña han criticado la política de recortes de la Generalitat de Cataluña. No, están en la cárcel porque tuvieron la osadía de cumplir el mandato de sus electores, de hacer frente a la Monarquía heredada de Franco y reclamar el derecho del pueblo catalán a decidir su futuro. Una cuestión, por otro lado, que reclama el 82 por ciento de la población catalana. Y han sido perseguidos sin desmayo porque esta osadía podía y puede ser contagiosa y prender entre todos los pueblos de España, entre la masa trabajadora que asimila cada vez más sus execrables condiciones de vida y trabajo a la pervivencia de un régimen que actúa al servicio del capital financiero, de la gran banca y de las sinecuras de las instituciones franquistas.

En una batalla central del movimiento obrero

Camil Ros, secretario general de la UGT de Catalunya tiene razón cuando pide el indulto para Dolors Bassa. Pero, más allá, es una obligación del movimiento obrero y de todas sus organizaciones tomar en sus manos la defensa de las libertades y en particular de los catalanes. Así se hizo bajo Franco y es lo que permitió establecer la alianza de hecho entre los trabajadores y los pueblos contra la dictadura, porque el combate contra la opresión es inseparable del combate social.

Esta semana se ha constituido formalmente el nuevo gobierno, Sánchez, Iglesias y demás proclaman que es un gobierno progresista, el primero de las izquierdas desde la república según algunos… y mil cosas más. Al mismo tiempo, todos ellos agitan el espantajo de la extrema derecha, con el cuento del supuesto «peligro fascista». A algunos les recordará cómo nos hicieron tragar la Constitución en 1978 con la amenaza de un golpe militar si no se aceptaba. Por sus obras los conoceréis. Un verdadero gobierno de progreso que se declara contrario a la «judicialización» de la cuestión catalana tiene una sola salida democrática: liberar de inmediato a los presos.