La gestión en Catalunya

14 abril, 2020 en Tribuna libre

Ponemos a disposición de nuestros lectores un análisis de la situación en Cataluña a la luz de los acontecimientos desde Septiembre de 2012 a la situación actual y las consecuencias del Covid-19. Para este Comité de Redacción de Informaciones Obreras nada es un fenómeno aislado, sino, la consecuencia de la suma de muchos. Esperamos sirva de clarificación de los mismos.

Desde el 11 de septiembre de 2012 Catalunya ha vivido una etapa fundamental en su reciente historia. Aunque para otros el pistoletazo fue la manifestación del 2010 frente a los recortes del Tribunal Constitucional al Estatuto (o cepillado como refirió Alfonso Guerra) una vez ya había sido refrendado por el pueblo de Catalunya.

Durante todo este periodo las organizaciones soberanistas han llevado a un callejón sin salida a los ciudadanos y ciudadanas y en particular a aquellos que aspiran a su independencia. Ese callejón ha provocando un reordenamiento de sus organizaciones políticas, la encarcelación o exilio de sus dirigentes y un cierto pesimismo entre los más de dos millones y medio que siempre que fueron llamados acudieron.

Pesimismo sea porque unos querrían haber dado un paso más hacia la ruptura con el Estado centralista, hacia la Republica Catalana, sea porque otros prefieren reorganizarse ante la nueva situación, y otros, porque no decirlo, porque ven todo lo realizado como una acción totalmente inútil y añoran la situación anterior.

Sin duda, a mi entender, los dos errores básicos de los que se lanzaron a la denominada declaración unilateral fueron, por un lado, el de olvidar incorporar en su programa las reivindicaciones de la clase trabajadora y el otro, el creer que ellos solos podían. Esto se resume en las dos frases que más daño han hecho, la de “nosotros nos vamos” y la de “primero Republica y luego ya veremos”. Las he escuchado en varios actos a los que he asistido como partidario que soy, del derecho de autodeterminación, incluso posteriormente en los que se solían hacer por la libertad de los presos políticos.

Y estando en ello, se ha cruzado una realidad imprevista y que ha dejado al desnudo a todos aquellos que de alguna manera gobernaron desde Madrid o desde Barcelona, siempre bajo los dictados del capital financiero.

La crisis del 2008 la pagamos los trabajadores y trabajadoras, nos fueron arrancadas todas las conquistas fruto del combate de décadas. Igual de feroz fue el ataque en Madrid como en Catalunya. Incluso El “President” Más quiso demostrar ser un alumno aventajado siendo el primero en imponer los recortes (en particular las pagas extras de los funcionarios de la Generalitat y que aún nos debe)

Todos actuaron al unísono de los canticos de la UE y del FMI. Para ellos todos vivíamos por encima de nuestras posibilidades. Todos, sin excepción desmantelaron los servicios públicos, la sanidad, la educación, recortaron nuestros salarios, suprimieron nuestros convenios y un largo etc…

Todos por igual participaron en el saqueo, desde el Gobierno Central, con las reformas de Zapatero y particularmente de Rajoy, hasta los gobiernos autonómicos. También el de Catalunya con Pujol, y Mas.

Desde el 11 de septiembre de 2012 en Catalunya, las movilizaciones por el legítimo derecho a la autodeterminación fueron ahogando las sectoriales en defensa de la sanidad, las pensiones, por la derogación de la reforma laboral. Se fraguó un pacto tácito de no agresión al gobierno de Catalunya apoyándole frente al autoritarismo del régimen. Y más desde los hechos de octubre, las votaciones, su represión, el discurso del Rey y finalmente el encarcelamiento y exilio de los dirigentes de ese movimiento. El miedo entre los dirigentes paralizó el tiempo.

Todos son responsables de la citada situación que vivimos hoy, no todos por igual evidentemente, sin duda los Zapateros, Rajoys, más que los Pujol, los Mas los Puigdemont y los Torra. Pero todos empujaron y nos dejaron sin defensas frente al virus. Basta analizar los presupuestos del Estado y los de Catalunya…ninguna diferencia, todos ellos sometidos al dictado que exige el pago de la deuda por encima de nuestros derechos, de nuestra sanidad, educación… incluso la CUP voto a favor en uno de ellos en aras de la unidad soberanista.

Y es que el capital no entiende de sentimientos nacionales, aunque cuando le resulta útil levante una u otra bandera, solo entiende de sus intereses y sus negocios a los que se apresura a organizar con el Covid-19.

Por todos es conocida la relación existente entre las privatizaciones de los servicios públicos y su adjudicación por parte de la administración aunque sea a través de  concursos públicos, por no hablar sobre las recalificaciones urbanísticas en las localidades y Diputaciones, y la asignación de infraestructuras, construcciones y sectores esenciales a las manos privadas como Telefónica, Endesa, Repsol… y en Catalunya por poner dos ejemplos desde Oriol Pujol (por no hablar de su padre, presidente de Catalunya desde durante 23 años) en el caso de las ITV, hasta la del director de la DGAIA y ex concejal de ERC en Girona, Ricard Calvo por favorecer a empresas ligadas a las fundaciones a las que estaba vinculado. Casos como los Millet, Pretoria, Banca Catalana…todos apuntan y señalan a políticos catalanes. Ser catalán en sí, no es una garantía de nada.

Ni los gobiernos centrales, ni los autonómicos con independencia de su color, han soportado ni soportan que los ciudadanos puedan tener una sanidad y una educación pública y universal. Solo ven en ellos una posibilidad, ven en él ellos el negocio. En Catalunya como en el País Vasco si hay un caso claro de la relación y los beneficios económicos “dirigidos” lo ha sido y lo son, por historia, la denominada enseñanza concertada en manos de las escuelas cristianas.

Todos, sin excepción, han protagonizado los recortes, todos sin excepción han entregado y convertido en negocios sectores que solo el control público puede garantizar un funcionamiento no dependiente del lucro de sus gestores.

Las privatizaciones y/o los denominados conciertos generan un beneficio (muchos economistas exigen entre un 15 y un 20% para calificarlos rentables) y ese beneficio obviamente (por más que sea asignados a asociaciones no lucrativas) debe ser sustraído de la calidad que recibe el usuario y de las condiciones y los salarios de los trabajadores/as entre las que existe una brecha considerable con los del sector público.

Entre muchas lecciones que nos va a dejar la pandemia del Covid-19, una en particular por cruel, es el maltrato recibido por la “nostra gent gran” en las residencias.

Y en ese sector, el Govern, no puede alegar como sorpresiva la situación generada. Porque al igual que lo ocurrido en la Petroquímica de Tarragona, donde las denuncias en Inspección de Trabajo tampoco han sido oídas las de las trabajadoras/es de los Geriátricos, donde su control y su inspección, como se ha visto no existe, y donde nunca han intervenido para poner orden a pesar de tener conocimiento de su mal funcionamiento.

Y no será porque los profesionales, sindicatos y hasta las patronales de forma desesperada alertaban de la situación totalmente superadas.

Ya el pasado 6 de marzo la patronal hacía un llamamiento a la falta de personal, incluso ACRA una de las patronales firmantes del convenio marco estatal afirmaba sin ningún pudor “Estamos al límite, nos faltan muchas manos, nadie quiere trabajar en las residencias porque los sueldos son muy bajos”.

De la misma manera también a mediados de marzo el representante de la Unió de Petites i Mitjanes Residències (UPIMIR) hacía las siguientes declaraciones “Los hospitales no admiten a todos los pacientes de residencias que deberían, y en algunos casos se opta por la sedación”. “Nos envían ‘kits’ de sedación”. Poniendo en cuestión ciertas directrices, negadas por la Generalitat, que recomendaba a los médicos priorizar pacientes en función de la esperanza de vida

En el mismo sentido se manifestaba la presidenta de la federación de residencias del Tercer Sector “Pero es que nosotros no somos hospitales, no tenemos suficiente personal sanitario ni tampoco tenemos medios

Así El Periódico de Catalunya publica el 1 de abril “Sólo en Catalunya  hay un total de 64.093 personas que viven en 1.073 residencias de la tercera edad. De estas, 362 (el 0,5%) han fallecido este mes de marzo por coronavirus. Es el doble de los muertos en residencia que facilitó el pasado viernes la ‘consellera’ de Salut, Alba Vergés.

Contrastada la nefasta gestión de los geriátricos o residencias de la tercera edad. Torra, apresado entre en las cifras de fallecidos en ellas y las demandas del Ayuntamiento de Ada Colau, que exigía liderazgo al “President” se ha visto obligado a reconocer públicamente la nefasta gestión de su gobierno y a mover ficha. Su movimiento ha consistido en trasladar las competencias de las residencias de la 3ª edad a la de Sanidad, con el argumento de que ahora “lo que tiene que prevalecer es el criterio sanitario entorno a nuestros abuelos y abuelas”

Ni en Madrid ni en Catalunya, ni en cualquier autonomía (ya que estos sectores se encuentran transferidos) podremos olvidar el trato recibido por nuestros padres y/o abuelos, y como muchos de ellos han muerto en pasillos y han debido cruelmente morir en soledad o incluso compartir habitación con el cadáver de su compañero.

En Catalunya, 1.123 muertos con coronavirus en residencias de mayores desde el 15 de marzo han vuelto a desatar las discrepancias políticas entre los socios del gobierno.

De la misma manera en la Conselleria de educación se pone al descubierto la nefasta gestión, cuya única responsabilidad recae en el Govern de Catalunya.

Hoy mismo se anuncia la enorme brecha entre el alumnado, en particular entre los centros privados y los públicos, entre estos más de 55.000 familias carecen de los instrumentos necesarios para poder seguir los planes de estudios por tres motivos fundamentales, la falta de ordenadores, la falta de internet y el precio de acceso a ella que no ha sido rebajada en éste periodo.

Sin embargo, esta situación ya era conocida y advertida por el actual Conseller Josep Bargalló (otrora Conseller en Cap  del gobierno tripartito (PSC-ERC-IC) cuando el mismo día que se anunciaba el Estado de Alarma Sanitaria repitió en varias ocasiones la negativa del Govern a seguir formando a los chavales a distancia, con el argumento de que eso ensancharía la segregación escolar y la brecha entre los que, en general, tienen de todo en la vida y los que no tienen.

La pelea por quién confina más y mejor en la que se debate ahora el President Torra (y a lo que se aferra el sector soberanista como hecho diferencial) y el Gobierno de Pedro Sánchez, en mi modesta opinión es sólo humo. Porque mientras Torra ha exigido y exige endurecer el confinamiento (soy profano en la materia, no soy experto), ha tenido y sigue teniendo olvidados al sector público, en mi centro de trabajo, declarado esencial recibió los primeros protocolos tarde y se han reconocido como imposibles de cumplir  por unas exigencias de confinamiento que ponen en peligro no solo al posible enfermo, sino al resto de usuarios y profesionales nos encontramos todavía sin las mascarillas adecuadas, sin tests, sin gel hidroalcohólicos al menos hasta hoy, casi un mes después del Decreto de Alarma Sanitaria.

Nada será igual, ni debería serlo, trabajos estables y salarios dignos, que debe iniciar por la derogación de la reforma laboral, un fortalecimiento de nuestra seguridad social, Un sistema sanitario Público y universal, incremento de las pensiones, educación pública con todas las tecnologías al alcance de todos y la recuperación para el sector publico de todo lo privatizado con plantillas suficientes son las mínimas exigencias que se deben cumplir. Para ello es necesario acabar con el actual sistema y no pactos para que lo sostengan. El paso más decidido en esa dirección realizada en España fue sin durante la II República.  Hoy de nuevo esta planteada esa necesidad. Y también a esa Catalunya esperamos los miles de ciudadanos que hemos llenado las calles de Barcelona estos últimos años.

Miguel González


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