Entrevista a Miguel González (UGT y CATP)

Entrevistamos a Miguel González, abogado laboralista, miembro de UGT y coordinador del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos (CATP) de Tarragona

“La financiación vía impuestos sería introducir un ‘caballo de Troya’ para destruir el sistema de pensiones”

IO: Desde el poder se dice que el actual sistema de pensiones no es sostenible y que es necesario cambiar de modelo.

MG: Quien lo dice miente o al menos no basa su afirmación en datos fiables. Lo que no es sostenible es el robo del Gobierno de nuestra caja de pensiones.

No está justificado cambiar de modelo sin que antes se hayan estudiado las potencialidades del sistema actual, una vez “depurado”, de los elementos que están en la base del déficit actual y que tanto alarmismo interesado levanta. Pues al saqueo directo se le deben añadir otras medidas que atacan su sostenibilidad, como es la política de exenciones y subvenciones de cotizaciones, los recortes laborales y sociales que afectan gravemente al sistema público de pensiones porque con la reducción de salarios reducen los ingresos por cotizaciones, la precariedad y el fraude laboral generalizados, la no subida del salario mínimo, las reformas laborales, la pérdida de efectos de los convenios, eso es lo que hace insostenible el sistema de pensiones.

Por eso, antes de plantearse introducir cambios en la financiación del sistema, por ejemplo vía impuestos, debe analizarse la sostenibilidad del actual sistema. Parece que lo que se quiere evitar es reconocer que ha sido la política de los gobiernos de turno lo que ha llevado a la Seguridad Social al déficit. Tendríamos superávit y no tendrían que haber recurrido al fondo de pensiones si se aplicaran una serie de medidas urgentes y desaparecería el alarmismo del déficit. A esta conclusión se llega cuando se ha cuantificado lo que supondría derogar la reforma laboral como exigen los sindicatos, la eliminación de las bonificaciones con cargo a la Seguridad Social por la contratación de las empresas, la eliminación de los topes de cotización a la Seguridad Social, el aumento del número de desempleados cubiertos por el seguro de desempleo con tasas de cobertura del 78% como en 2011, el incremento del salario mínimo y la subida de la base mínima de cotización que comporta, el desarrollo de las actuaciones inspectoras contra la economía sumergida y los atrasos en cotizaciones, y un largo etcétera de medidas posibles y coherentes con el sistema actual de reparto de nuestra Seguridad Social, como por ejemplo la subida del tipo de cotización, que tanto asusta a la CEOE, pero que es de los más bajos de los sistemas de otros países con sistemas de seguridad social similares al nuestro.

Las instituciones del capital, la UE, el Gobierno no soportan no obtener beneficios y ganancias de nuestras cotizaciones, de nuestras pensiones contributivas, creadas para aquellos trabajadores y trabajadoras necesiten de una pensión cuando alcanzamos cierta edad y no podemos seguir trabajando o estamos afectados de una enfermedad o accidente y por ello nos quieren empujar a un sistema de pensiones privado, donde si puedan obtener beneficio y ganancias y para ello el gobierno, a instancias de la Unión Europea, golpea sistemáticamente nuestro sistema de pensiones para hacerlo insostenible.

IO: ¿Qué hacer?

MG: Lo que pretenden ahora es mantener las reformas de pensiones de Zapatero y Rajoy para rebajar las pensiones, que deben ser derogadas, e introducir un modelo de sostenibilidad de las pensiones basado en los impuestos específicos para financiarlas, que debe ser rechazada.

Compatibilizar con el sistema de reparto la financiación vía impuestos supone introducir el “caballo de Troya”, destruyendo el sistema desde dentro. Pues sería el inicio de la sustitución de cotizaciones por impuestos. Quiero destacar que en el sistema actual, en caso de déficit, el Estado está obligado a hacer las aportaciones necesarias para cubrirlo, es lo dispuesto en la Ley General de la Seguridad Social, sin que sea necesario entrar a considerar cómo el Ministerio de Hacienda se provee de esos recursos. Aportaciones que, por otra parte, están más que justificadas por todos los gastos impropios de la Seguridad Social que durante decenios se cargaron a las cotizaciones sociales. Pero una cosa son las aportaciones del Estado al sistema de reparto y otra distinta es el establecimiento de impuestos finalistas para financiar prestaciones.

La batalla en absoluto está perdida, no podemos permitir un nuevo consenso o resucitar el Pacto de Toledo, y para ello urge determinación y movilización, la misma que han tenido los estibadores. Si 6.000 trabajadores con su organización a la cabeza han podido tirar para atrás el decreto del Gobierno, ¿qué no podríamos hacer los trabajadores de todo el Estado con nuestras organizaciones sindicales al frente?


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