En vísperas del juicio del “procés”

21 noviembre, 2018 en Edición Impresa, Editorial

Después del escandaloso espectáculo que la Sala Tercera del Tribunal Supremo ha dado estos días, anulando su propia sentencia de 18 de octubre que justamente obligaba a los bancos a pagar los impuestos de la tramitación de la hipoteca, el carácter de esta justicia –recordemos, heredada íntegramente del franquismo– ha aparecido a las claras para la mayoría de la población. Una justicia al servicio de la banca, del gran capital y presidida y ordenada por el rey, las Cortes monárquicas y las instituciones afines.

Sin embargo, lo que esta Justicia prepara por medio del Tribunal Supremo, contra los presos republicanos catalanes, es de una dimensión, si cabe, aún mayor. Los portavoces de la Monarquía, los medios a su servicio, han decidido hacer de este juicio “el caso más importante de la historia de la democracia española” (ABC, 16 de noviembre). En efecto, esta Justicia ha decidido, en defensa precisamente de sus privilegios, del régimen monárquico, del capital financiero, realizar un verdadero acto de castigo y escarmiento contra representantes elegidos por el pueblo catalán.

Pero no nos engañemos. No se trata de una cuestión catalana. Es imprescindible recordar que estos mismos tribunales validaron la reforma laboral contra los trabajadores, siguen aplicando el artículo 315.3 del Código Penal contra los sindicalistas y las sanciones producto de la aplicación de la ley Mordaza siguen y se multiplican. El hecho de que militantes, dirigentes republicanos catalanes, que han defendido sus ideas por medio de la movilización democrática –todo el mundo comprobó el 1 de octubre de 2017 de qué lado estaba la violencia– estén amenazados con una condena de 200 años de cárcel, empezando por el presidente de ERC Oriol Junqueras, encarcelado preventivamente desde hace más de un año, al que se le piden 25 años, muestra el carácter vengativo de la justicia heredada del franquismo.

Pero la venganza tiene un carácter de clase, la Justicia es uno de los pilares fundamentales del régimen monárquico, y este régimen es el garante de los intereses del gran capital, en particular de las empresas del Ibex 35, las que huyeron de Cataluña.

No se trata de estar de acuerdo o no con los partidarios de la independencia de Cataluña. Es el estricto derecho de esos dirigentes políticos el combatir por su programa.

Desde este periódico obrero, desde los militantes, trabajadores y sindicalistas que lo elaboran y lo difunden, recordamos algo elemental: la libertad es indivisible, no se puede separar los derechos del pueblo catalán o de una parte de él, de los derechos de todos los pueblos y del conjunto de la clase trabajadora, o sea del derecho a la organización, a la huelga, a la manifestación, a los piquetes, a la negociación colectiva.

Una condena ejemplar para la Justicia contra los republicanos catalanes sería el mayor golpe contra los derechos y libertades arrancados –no concedidos por nadie– después de la muerte de Franco.

Eso es lo que está en juego y los defensores del régimen monárquico lo saben. Por ello, por nuestra parte, en el lado en que se sitúan los pueblos y los trabajadores, es imprescindible desarrollar el combate porque las organizaciones que son hoy portavoces de los trabajadores y de los pueblos, hagan frente a la mayor agresión a las libertades después de la muerte de Franco. Que nadie se engañe, un ataque a las libertades, una condena de los presos republicanos, abriría la puerta a todas las medidas exigidas por el capital financiero para acabar con todo, con todas las conquistas sociales, incluido el actual sistema público de pensiones.

Derechos sociales y derechos democráticos, que incluye el derecho de los pueblos a decidir, son inseparables. Por ello, en la medida de nuestras fuerzas, nos situamos de ese lado y promoveremos y apoyaremos todas las iniciativas necesarias para conseguir la libertad de los republicanos catalanes, la anulación de los juicios, el fin de la persecución judicial.


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