Sobre el veto Parental

6 marzo, 2020 en Enseñanza

 Informaciones Obreras nº 345 incluye un articulo sobre el veto parental que reproducimos en la versión web dado el interés mostrado por muchos de nuestros lectores.




¿Qué significa el veto de los padres, tramposamente llamado “pin parental”?

 

Comencemos por el principio: el “pin parental” es en realidad una razonable medida de protección tecnológica de la que disponen los padres frente a contenidos desaconsejados para menores, pero a los que se puede acceder fácilmente por televisión o Internet. Se trata de una clave que permite bloquear el acceso a esos contenidos. Sin embargo, este término se utiliza fraudulentamente por la derecha franquista española para camuflar, como supuesta medida de protección, lo que no es más que un veto o censura reaccionaria a los contenidos democráticos en la enseñanza, como la igualdad de género o la educación afectiva y sexual.

Bajo este camuflaje se pretende que se requiera la autorización de las familias para que los niños y niñas asistan a las actividades complementarias que se realizan en los centros educativos en horario lectivo. Podría parecer un mal sueño, una formulación retórica tan incompatible como resulta con vivir en el siglo XXI, pero esta agresión frontal al derecho de los menores a recibir una educación democrática ha sido aprobada ya en la Comunidad de Murcia, por parte del PP, Ciudadanos y Vox. Y se pretende su extensión. Prueba del carácter falaz de que esta medida persiga la protección de los menores es que nada se dice acerca de protegerlos de la injerencia en la enseñanza, incluso en la pública, de la Iglesia Católica; una institución machista, retrógrada y por definición anticientífica, responsable además de un interminable reguero de crímenes, desde su sistemática complicidad con la dictadura franquista, hasta el no menos sistemático historial de violaciones a menores y pasando por robos constantes como en los casos en los que registra como propios edificios públicos.

Esta medida choca frontalmente con los derechos más elementales de los menores, tanto que incluso están recogidos en declaraciones internacionales y las propias leyes españolas, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de la Infancia o la Ley Orgánica para la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Además, toda la programación, dirección y supervisión de los proyectos educativos están claramente regulados, debiendo orientarse al desarrollo integral de la personalidad de los menores, incluyendo, lógicamente, su desarrollo afectivo-sexual y emocional.

Los menores no son propiedad de sus padres. Tienen derechos por encima de la voluntad de éstos. ¿O acaso se apoya que los padres puedan decidir, de acuerdo a su ideología, la ablación del clítoris o mutilación genital de sus hijas? Hace casi ciento cincuenta años, en 1871, en el marco de una de las primeras experiencias emancipatorias de la humanidad como fue la Comuna de París, se promulgó el artículo XII, “la sumisión de los menores y de la mujer a la autoridad del padre, que prepara la sumisión de cada uno a la autoridad del jefe, se declara muerta (…) la Comuna proclama la libertad de nacimiento: el derecho a la información sexual desde la infancia (…)”. La escuela en la República francesa, auténtico referente de progreso, se ha basado siempre en tres principios: la gratuidad y la laicidad son conocidos, pero el tercero también merece serlo: se trata de la obligatoriedad y merece la pena detenerse en él, porque la obligatoriedad es el antídoto contra la discriminación (recomendamos al respecto la lectura del libro El fin de la escuela, de Michel Éliard). La obligatoriedad, hoy vigente también en el caso español, es la garantía para cualquier menor de acceder a la enseñanza y de no ser discriminado.

Pero esta censura parental ataca la obligatoriedad, promoviendo la discriminación de los menores en función de la ideología de sus padres, de su ideología reaccionaria. Se les hurta así el derecho a una educación completa. Digámoslo con más claridad: ese veto busca contribuir al dinamitado de la escuela pública como garante democrático. Con oscuros intereses, porque la incorporación a la escuela de las actividades complementarias tiene la gran virtud que supone una formación realmente integral de los menores. Su protección por tanto, como ejemplifica un dato de Argentina, recogido en el diario Página 12: “un estudio del Ministerio Público Tutelar (MPT) de la Ciudad de Buenos Aires reveló que entre el 70 y el 80 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de entre 12 y 14 años que pasaron por la Sala de Entrevistas Especializada del organismo pudieron comprender que fueron abusados después de recibir clases de Educación Sexual Integral (ESI), el programa que aborda en las escuelas la sexualidad desde los derechos humanos y la perspectiva de género”.

La obligatoriedad de la enseñanza y, ligada a ella, la no discriminación, de cara a la formación integral de los menores (incluyendo por tanto todas las actividades complementarias de contenido democrático) es una conquista irrenunciable. El gobierno debe regularlo de forma tajante y vigilar su cumplimiento. Toda la población trabajadora debe movilizarse, con sus organizaciones a la cabeza, para asegurarlo.

X. A. M.


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