El fugado y el 23F

24 febrero, 2021 en Actualidad política

Dos relatos recorren de portada los informativos de radio y televisión en estos días. Uno, las algaradas de los encapuchados después de las grandes concentraciones de jóvenes en defensa de la libertad de expresión, y dos, el ensalzamiento de la figura del monarca “fugado” y su papel en el 23F. El comité de redaccion de información obrera ha elaborado un relato de lo que realmente ocurrió.

 

El golpe del 23-F, aún por desvelar cómo se dio

Hace 40 años del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Y sigue la
mistificación sobre lo que realmente sucedió. La historia oficial nos cuenta que un grupo de militares intentó un golpe de Estado y que el Rey Juan Carlos salvó la democracia. Pero esa versión no se corresponde con los hechos.
En 1981, para sectores importantes del aparato de Estado, la impotencia del
gobierno de Adolfo Suárez frente a la lucha de los pueblos, su incapacidad de tomar medidas para eliminar las conquistas arrancadas por el movimiento obrero, hacen que se desencadene un hervidero de conspiraciones y rumores golpistas. Ya en 1978, dos altos oficiales de la Guardia Civil y del Ejército, Tejero y Sáenz de Ynestrillas, fueron descubiertos cuando planificaban un golpe de Estado, la Operación Galaxia, en el que estaban implicados o al tanto gran cantidad de oficiales. La puesta en libertad de estos dos conspiradores, meses más tarde, no hizo sino animarles a seguir en esta misma línea.
Los dirigentes de los partidos obreros, particularmente los del PCE, intentaban asustar continuamente a las masas con «el peligro del golpismo» si los trabajadores iban demasiado lejos en sus luchas. Pero era su consenso con los franquistas lo que daba margen a la agitación golpista. La situación se hacía cada vez más tensa a principios de 1981. Aislado en el seno de la UCD, despreciado por sectores decisivos de la burguesía y del aparato del Estado, Suárez fue obligado a dimitir a principios de febrero. En una presentación dramática ante las cámaras de televisión, Suárez anuncia su dimisión. Para buena parte de la opinión pública, «los militares» han forzado su dimisión.
En este contexto se produce el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Mientras se estaba votando la elección de Calvo Sotelo como nuevo
presidente del Gobierno de la UCD, en sustitución de Suárez, decenas de
guardias civiles, comandados por el teniente coronel de la Guardia Civil,
Antonio Tejero, ocuparon el Congreso de los Diputados a punta de metralleta.
Al mismo tiempo, el General Milans del Bosch sacaba los tanques a la calle en Valencia, asumiendo el control de la ciudad, y prohibiendo los partidos y
sindicatos obreros. No cabe ninguna duda de que los principales jefes militares estaban al tanto de los preparativos del golpe, incluyendo al círculo íntimo del Rey, en la persona del general Armada, uno de los estrategas del golpe, segundo Jefe de la Junta de Jefes del Estado Mayor, acérrimo monárquico, tutor de Juan Carlos en su juventud, y posteriormente secretario general de la Casa Real. Los propios EE.UU., sin duda al tanto de lo que se preparaba (uno de los principales golpistas, el coronel San Martín, provenía de los servicios secretos donde se le consideraba hombre de los americanos), se manifiestan
por boca del secretario de Estado, Haig, quien declara que el golpe es «un
asunto interno de España».
Suárez dimite el 26 de enero, y de inmediato, Armada es nombrado segundo
jefe del Estado Mayor del ejército, centralizando el control de todas las
unidades en el Estado Mayor de Armada. El 29 de enero, el periodista Emilio Romero publica en ABC que el general Armada se estaba proponiendo para la presidencia del gobierno.
El silencio del Rey en las primeras horas del golpe aumentó la idea del apoyo real a los golpistas entre un sector del ejército que no sabía si sumarse o no.
Mientras que Tejero entró en el Congreso a las 6:20 de la tarde, Juan Carlos no salió públicamente en televisión pronunciándose contra el golpe hasta
¡pasadas las 12 de la noche!, sólo cuando Tejero se niega a aceptar la
propuesta de Armada de un gobierno constitucional de Salvación Nacional,
presidido por el propio Armada (Tejero quería ir más allá e imponer un gobierno puramente militar).
Algunos tratan de justificar el comportamiento del Rey afirmando que la
Televisión estuvo ocupada por los militares hasta últimas horas de aquella
tarde, pero olvidan convenientemente que el Palacio de la Zarzuela, residencia de Juan Carlos, tiene su propia infraestructura autónoma capaz de emitir por televisión. Así pues, si el golpe fracasó, no fue debido a las convicciones democráticas de Juan Carlos, sino porque los propios golpistas no se pusieron de acuerdo, y las exigencias de Tejero amenazaban con hacer estallar todo el edificio contenido a duras penas a lo largo de los 5 años anteriores.
Parece muy verosímil que D. Juan Carlos apoyaba o toleraba un golpe
«blando» que instaurara un gobierno de concentración nacional, de corte
autoritario y presidido por Armada, con tal de que, presionados, los dirigentes del PSOE y del PCE lo aceptasen, pero creía muy arriesgado un golpe militar puro prohibiendo las organizaciones obreras como intentó Milans. Al fracasar el plan de Armada, el Borbón ordena a las tropas volver a los cuarteles.
Frente a los peones como Tejero y otros, entre los organizadores del golpe
existía un consenso para organizar un gobierno de dictadura constitucional, de carácter bonapartista, similar a la dictadura de Primo de Rivera de 1923, con participación de militares y civiles, basado en el artículo 8 de la Constitución, que atribuye a las Fuerzas Armadas «garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional».
Pero para ello necesitaban la participación o al menos la complicidad del
Partido Socialista. Poco después se hizo pública la celebración de una
entrevista, días antes del golpe, entre Armada y Enrique Múgica (dirigente del PSOE entonces) donde el primero tanteaba cómo reaccionaría el PSOE a la formación de un gobierno fuerte, con participación militar y la inclusión de miembros de UCD y PSOE en el mismo para «salvar el país».
La operación de sacar del hemiciclo del Congreso a los líderes de los partidos llevándolos a un despacho puede obedecer al plan de presionarles para que aceptasen «como compromiso» la salida Armada. Pero las divergencias entre los golpistas abortaron la intentona sin que se llegase a ello.
El golpe termina no con la plena restitución de la soberanía al Congreso, sino convocando el monarca a palacio a los dirigentes de los partidos para
imponerles, apoyándose en el golpe, una serie de contrarreformas, en particular un recorte de las autonomías (lo que se conoce por el “Pacto de la
Zarzuela”). El gobierno Calvo Sotelo, gobierno de gestión, era el encargado de llevar este plan y de introducir al país en la OTAN, para favorecer el control por parte del imperialismo.
El 26 de febrero recorren el país manifestaciones que se cuentan entre las más multitudinarias de la historia. Más de tres millones de personas participaron en las mismas. Madrid, con un más de un millón, y Barcelona, con medio millón, fueron las más numerosas. El contingente fundamental estaba formado por trabajadores y sus familias: los dirigentes del PCE y del PSOE, que en el momento del golpe se negaron a convocar a la movilización general para defender las libertades, llamaban ahora a esas manifestaciones de unidad nacional, desfilando con Fraga, Calvo Sotelo y los demás franquistas. Más grave si cabe, aprovecharon la ocasión para, en el colmo de la manipulación, presentar al Rey como salvador de la democracia. Una leyenda enteramente falsa que dura hasta hoy y de la que son responsables Santiago Carrillo, Felipe González y, con ellos, dirigentes como Pujol.

El estallido de la UCD y el nuevo escenario

Los meses siguientes estuvieron dominados por el efecto de la intimidación que el golpe había significado. El POSI se contó entre las raras excepciones que mantenían actividades y convocatorias públicas. El gobierno de Calvo Sotelo, efectivamente, intentaba reprimir el ejercicio de las libertades sindicales y políticas. El ministro del Interior, Rosón, llegaba a ordenar la detención de todos los cargos públicos de Herri Batasuna. Los muertos por tortura aumentaron. La actitud contemporizadora de los dirigentes, que –atados por el pacto de la Zarzuela– se negaban a movilizar a la clase trabajadora y a la juventud con cada asesinato y tortura de los cuerpos represivos y de los fascistas, no hacía más que envalentonar a estos últimos y a los elementos más reaccionarios de la casta militar. A los pocos meses, cien oficiales del ejército y la Guardia Civil publicaron un manifiesto donde manifestaban su «comprensión» a los golpistas y se pronunciaban contra la democratización del ejército y a favor de la «autonomía con respecto al poder político». La única respuesta de Calvo Sotelo fue catorce días de arresto domiciliario para unos pocos. A la vez, el 31 de julio el Gobierno lograba un acuerdo con Felipe González para «ordenar y completar» el proceso autonómico. Se elaboró a partir de ese acuerdo la Ley Orgánica de Armonización del Poder Autonómico (LOAPA), aprobada por el Congreso el 30 de junio de 1982, un engendro que cortocircuitaba las autonomías con un «centralismo» de marchamo franquista.
Entre los partidos parlamentarios, sólo el PNV se opuso a la misma. El POSI
participó en las manifestaciones contra esa imposición golpista. (Mucho más adelante, el Tribunal Constitucional desmantelaría aquella ley.) Este esfuerzo involucionista no bastó para recomponer la UCD. Importantes sectores franquistas, desde dentro y desde fuera de la UCD, se orientaron hacia los duros de AP. La UCD saca en las elecciones gallegas de octubre de 1981 menos votos que AP, y esa derrota propició un nuevo estallido en su seno. El Gobierno de Calvo Sotelo se desmoronaba a ojos vista. En esos momentos, la inflación estaba en el 15% y continuaba subiendo. Los salarios reales no habían parado de reducirse continuamente durante 18 meses. La peseta sufrió una nueva devaluación y el déficit público se acercaba a la cifra de un billón de pesetas. El desempleo superaba por primera vez los dos millones de parados.
Entretanto, la indignación popular contra el Gobierno llegó al máximo con el escándalo de la colza. En mayo de 1981 comienzan a aparecer miles de casos de envenenamiento de familias obreras, fundamentalmente de Madrid, por el consumo de aceite adulterado. Más de dos mil muertos y doce mil afectados por las manipulaciones de empresarios aceiteros. El escándalo pone al descubierto la inhibición de la inspección de alimentos, y la complicidad de los funcionarios de la Administración del Gobierno de la UCD, que no ponían ningún control a la estafa de estos capitalistas sin escrúpulos. Es una demostración palpable de que los mecanismos de funcionamiento del franquismo siguen en pie.
Calvo Sotelo tuvo que ejecutar dos encargos de la Monarquía antes de que
pudiese venir un gobierno socialista. Por una parte, cerrar el episodio del 23 F.
El juicio a los golpistas, que duró varios meses («el banquillo humillante donde se sientan los presuntos había sido sustituido por unos sitiales con alto respaldo») dejó claro que la justicia militar, con la complicidad del Gobierno, no pretendió jamás ir hasta el fondo del asunto. Sólo fueron condenados a penas significativas los cabecillas: Armada, Milans y Tejero, los cuales diez años más tarde ya estaban en libertad o yendo sólo a dormir a la cárcel. Las decenas de implicados, militares y civiles, fueron condenados a penas simbólicas o absueltos. Nunca se aclaró la implicación de otros mandos en la aventura golpista, ni la trama civil, ni siquiera se llegó a saber a quién proponían como Presidente del Gobierno. La Monarquía quedaba a cubierto, hasta que un régimen democrático permita al pueblo soberano restablecer la verdad y la justicia. Lo que ocurrió realmente y, en particular, el papel real de Rey, quedó sin aclarar y cubierto por la ley de secretos oficiales. Las conspiraciones golpistas no acabaron el 23-F. En plena campaña electoral, en octubre de 1982, fue descubierta otra conspiración para dar un golpe de Estado el día antes de las elecciones, el 27 de octubre. La última acción política importante de Calvo Sotelo antes de terminar el año 81 fue imponer la entrada de España en la OTAN, desoyendo las protestas de la mayoría de la población, lo que le granjeó, aún más, el odio de la mayoría de la juventud y los trabajadores, que
la demostraron saliendo a la calle por millones.

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1 opinión en “El fugado y el 23F”

  1. Rafael Eddy Velarde Alvarado dice:

    Este artículo debiera ser parte de los materiales sobre el franquismo post Franco y los roles cumplidos por el PCE y el PSOE.

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