El covid-19 y el gobierno JxCAT-ERC

27 marzo, 2020 en

 En los medios de difusión vemos todos los días el permanente enfrentamiento de algunas comunidades autónomas con la administración central, reprochando en el fondo,quien, lo hace peor en el control de la pandemia del covid-19, discusiones que solo oculta la crisis que ha producido el virus como consecuencia de los recortes generados en los últimos 10 años tanto por todos los gobiernos centrales como por los gobiernos autonómicos.



 

El gobierno Torra-Aragonès es incapaz también de afrontar la lucha contra el coronavirus

Difícilmente puede decirse otra cosa. Su capacidad de gestión, así como el conjunto de decisiones políticas adoptadas por el gobierno de la Generalitat, no pueden sino calificarse de lamentables e ineficaces. Y aunque pretendan disimularlo con los ya tradicionales aspavientos o con la indisimulable intención de desviar la responsabilidad en exclusiva al gobierno central, para eludir naturalmente las propias y ocultar su ineptitud, la realidad es muy tozuda.

No somos de la cofradía de los que asienten o aplauden las medidas adoptadas por el gobierno de Pedro Sánchez con relación a cómo está afrontando el problema del coronavirus. Desde la páginas de Información Obrera las hemos analizado en profundidad, y hemos señalado la insuficiencia de la mismas, detallando la razón de fondo: es la sumisión a los poderes del Estado y a los intereses del capital financiero, es la defensa de la propiedad privada por encima de los intereses generales de la salud pública y el bienestar del conjunto de la población, lo que impide que los profesionales de la sanidad, los que atienden a las personas mayores, a los menores, etc., puedan desarrollar su labor sin exponer su salud. Son esas razones las que impiden afrontar con todas las consecuencias y movilizar todos los recursos para detener el coronavirus y evitar que las consecuencias de la pandemia las acaben pagando el conjunto de la población trabajadora.

Pero el gobierno de la Generalitat no le va a la zaga en muchos aspectos, por más que se parapete detrás de la campaña por el «confinamiento total». Propuesta que como es sabido no goza de la unanimidad de la comunidad científica y que, por si misma, probablemente no resuelve el problema: el confinamiento total ya se ha dado en Catalunya en la zona de Igualada, sin que eso haya impedido el colapso del hospital local, ni se haya evitado que el número de contagios y fallecimientos aumente. El alcalde de la ciudad, Marc Castells (de JxCAT) lo ha reconocido afirmando además que no le interesa tanto la polémica sobre el confinamiento total o no, como el hecho de que se distribuyan urgentemente los 70.000 test que necesita la población para poder saber quién está infectado y actuar en consecuencia.

Sin embargo, sobre lo que sí existe unanimidad científica es sobre el hecho de que, si el personal sanitario no dispone de mascarillas y guantes para realizar su labor, éste acaba contagiándose. Según la consejera de Salud, a día de hoy (24 de marzo), 1524 trabajadores del sistema sanitario catalán han dado positivo, y cifras extraoficiales hablan de que puede haber unos 2000 profesionales más en cuarentena. Cifras que van aumentando día a día. Grandes hospitales de Barcelona como el Clínic o la Vall d’Hebron tienen 120 y 139 profesionales respectivamente confinados. El Hospital pediátrico Sant Joan de Déu dice haber perdido 181 sanitarios de su plantilla. En Sabadell, el Hospital Parc Taulí tiene 125 profesionales en casa, bien porque han dado positivo, bien porque presentan síntomas a falta de confirmación. Compañeras del hospital nos informan que, obligados por su carencia, las mascarillas que protegen van destinadas al personal en función de la exposición y de la técnica a realizar, aunque obviamente en un hospital todo el mundo está más o menos expuesto. Y la misma evidencia científica sucede con los trabajadores que atienden las residencias de la tercera edad, los centros de menores, o el resto de los servicios sociales básicos, si lo hacen -como es el caso- sin ningún tipo de protección.

Y es igualmente evidente que en momentos de emergencia social quién más necesita ayuda son las personas más desfavorecidas. Sin embargo, en este aspecto, también deja mucho que desear la gestión del Gobierno de la Generalitat: por ejemplo, en el caso de las becas-comedor. Esta ayuda que significa para muchas familias que sus hijos disponen al menos de un plato caliente al día todavía no se ha implementado desde que se aprobó el Estado de alarma, o ha empezado a hacerse con más de 10 días de retraso. Así, cientos de familias no han podido disponer de este recurso después de varios días porque no se les ha facilitado las tarjetas-monedero con las que se piensa substituir el servicio presencial anterior. Recientemente, las entidades que representan las diferentes asociaciones de asistencia a personas con discapacidad han denunciado el recorte del 15% del presupuesto, lo que las va a situar al borde del cierre. Para colmo, en reciente rueda de prensa, la portavoz del gobierno Meritxell Budó, reclamaba sin ningún tipo de sonrojo, la llamada Renta Garantizada de Ciudadanía, que ya existe desde 2017, pero que el gobierno de la Generalitat no ha desarrollado reglamentariamente, ni la ha dotado de recursos suficientes, amén de haber rechazado miles de expedientes.

Por todos lados crece la indignación ante los discursos huecos de unos y otros. Ante la incertidumbre que provocan los más de 41.000 ERTE’s que afectan a más de 342.000 trabajadores en Catalunya que no tienen claro -y el gobierno no se lo aclara- cuál va a ser su futuro cuando pase la pandemia. Cifras que también siguen creciendo cada día que pasa. Indignación y cólera ante las llamadas a la épica y a la disciplina, mientras se mueren los ancianos en las residencias porque no se adoptan las medidas necesarias que permitan utilizar los recursos adecuados, que por otro lado existen. Como todos los trabajadores que en estos días sostienen los servicios públicos en las peores condiciones, el personal sanitario reclama que se les proporcionen elementos de protección básicos, a un gobierno que por cierto todavía les adeuda una parte de la paga extra del 2013 y toda la del 2014. Cada día, desde hace varios, la ciudadanía les envía simbólicamente un mensaje de solidaridad y agradecimiento con los aplausos masivos. Aplausos que simbolizan y señalan también a los responsables de los recortes que han dejado en cuadro la sanidad pública. Entre los que se han distinguido particularmente los gobiernos de Artur Mas y a continuación, los de JxCAT con el apoyo de ERC.

Aunque algunos lo deseen, la pandemia no eliminará de la memoria lo que está sucediendo estos días y quiénes son los responsables de la situación, y cómo a pesar de todo, sin el esfuerzo y sacrificio de muchísimos trabajadores, esto sería un desastre absoluto.

Sin esperar a mañana, hay que exigir ya medios y recursos. De entrada, que se reviertan los efectos de los recortes en la sanidad y en el resto de los servicios públicos. Y para ello es imprescindible en primera instancia modificar el proyecto de presupuestos que ha presentado el vicepresidente Aragonés con una partida destinada a sanidad (9.789 millones), más o menos equivalente a la que existía en 2010 (9.875 millones), pero que con la inflación habida en la última década del 16,3%, se ha convertido en inferior. En realidad, la cantidad exacta que se dedica a sanidad en el presupuesto presentado es de 8.190 millones de euros. Si ya no se correspondía con las necesidades del momento antes de la pandemia, tal y como habían denunciado las asociaciones de usuarios de la sanidad pública y los profesionales del sector, ahora mucho menos.

Los trabajadores exigen medidas efectivas para proteger la salud, el trabajo y los derechos sociales y democráticos. Aunque siempre hay quien quiera desviar la atención del “España nos roba” al España nos mata”, lo cierto es que el respeto al techo de gasto y las leyes de estabilidad presupuestaria es tan o más mortífero que el virus. Y eso es válido tanto para el gobierno de Pedro Sánchez como para el gobierno Torra-Aragonés.

 

Corresponsal


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