Editorial IO 354

30 enero, 2021 en Editorial

  Ya esta a disposición de quien lo solicite Informaciones Obreras nº 354, un avance de el mismo es su editorial que ponemos a disposición de nuestros lectores, el numero completo puede ser solicitado a nuestros distribuidores o bien a través de la dirección de correo io@informacionobrera.org



 

EDITORIAL

Portada Informaciones Obreras nº 354

Las condiciones  del capital financiero

La organización del reparto de las vacunas pone al descubierto los entresijos del funcionamiento del régimen de la Monarquía. Vemos cómo, mientras que se desperdician dosis por no disponer de jeringuillas adecua- das, se vacunan saltándose la lista alcaldes y concejales, consejeros de Salud (y sus familiares), altos jefes militares…

La mala organización y el colapso del sistema sanitario poco o nada tienen que ver con la inoperancia e ineptitud de este o aquel gobierno, central o autonómico. Todos ellos aplicaron brutales recortes en la sanidad, cuando un vicepresidente autonómico “de izquierdas” decía que esos recortes debían aplicarse “por imperativo legal”, poniendo en evidencia que se trata de una cuestión de régimen.

Del mismo modo, el desarrollo de la vacunación ha puesto al descubierto el dominio arbitrario de las multinacionales, de la industria farmacéutica, que dictan a los gobiernos qué vacuna administrar, a qué precio, qué distribución (ahora, cuando los Estados Unidos piden millones de vacunas, Pfizer baja el ritmo de suministro a los países europeos). Es la ley del beneficio, del capital, que en nada se preocupa de las necesidades ni de la salud de la población. Lo grave es que los gobiernos, incluido el autodenominado “gobierno progresista”, se pliegan a este dictado y participan plenamente en el desmantelamiento de la sanidad publica y demás servicios. No es un insulto o una denuncia, es la realidad, son los hechos.

Durante estos últimos meses hemos oído mil veces que los fondos que al parecer vendrán de Europa serán sin condiciones, simplemente para ayudar a los países con menos recursos. La realidad es dura y más cuando la ministra Calviño anuncia que ha presenta- do a las instituciones de la Unión Europea 150 propuestas de reformas, entre ellas las que conciernen a la reforma laboral y las pensiones. Y de ellas, buena parte van en el sentido de recortar derechos, y, como dijo Pedro Sánchez, colocar en el centro a la empresa, o sea, hacerla receptora de los capitales del plan europeo. Capitales que vemos ya que se utilizan para reestructurar y ajustar plantillas (cientos de empresas anuncian ERE).

Algunas de las propuestas de Calviño se han redactado con calculada ambigüedad, porque el Gobierno necesita consensos. Como señala El País, «El Gobierno quiere hacer todas las reformas en el marco del Pacto de Toledo y con acuerdo en el diálogo social entre sindicatos y patronal, con los que ha debatido el martes sus planes, aun- que, si no hay acuerdo, el Ejecutivo tendrá que seguir adelante con las reformas comprometidas con Bruselas, ya que de ellas depende el gran fondo de recuperación que salvará la economía española». Lo que quiere decir que busca que los sindicatos y partidos acepten participar en la aplicación de esas reformas, pero que, si no es posible, se aplicarán por la fuerza. La pregunta del millón es qué ganarían los sindicatos participando en un nuevo recorte de pensiones.

En los servicios públicos, se abre paso lo que llaman asociación público-privado, o sea, financiar con dinero público las empresas privadas. Un principio que aplica masivamente la Comunidad de Madrid en el famoso hospital Zendal y lo ha intentado la Junta de Andalucía en la apertura del antiguo hospital militar de Sevilla. Es lo que reclaman la CEOE, la banca, el gran capital que vive a expensas del Estado, y su protector el régimen monárquico.

Esta realidad es resentida cada vez más masivamente por la población trabajadora y por los millones de pensionistas, que ven su jubilación en peligro y los centros de salud en precario.

La respuesta  está en la calle

Este 25 de enero, a pesar de los confinamientos y demás medidas, las movilizaciones en defensa de las pensiones han ocupado plazas y calles. Y el personal sanitario sigue en pie de guerra en todo el Estado.

El Gobierno quiere ganar tiempo. Ha prolongado los ERTE a 700.000 trabajadores para retrasar los planes de despido que con todo descaro la patronal anuncia. Pero los ritmos se acortan y los anuncios para

atemorizar a los trabajadores fluyen. La mayoría social busca cómo defenderse, con los sindicatos o con las organizaciones que están dispuestas a combatir y resistir. El 11 de febrero los sindicatos anuncian movilizaciones por el aumento del salario mínimo, la derogación de la reforma laboral de Rajoy y la defensa de las pensiones. En todas las reuniones de trabajadores y reuniones sindicales de estos días se constata lo limitado de la convocatoria y objetivos. Desde este periódico obrero consideramos que todo paso en defensa de las reivindicaciones, aunque sea mínimo, debe ser saludado y, en particular, no puede ser condicionado a un supuesto diálogo social que el Gobierno plantea abiertamente como una trampa.

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