Editorial IO 351

30 noviembre, 2020 en Edición Impresa, Editorial

Ponemos a disposición de nuestros electores el editorial del nº 351, editorial que trata sobre presupuesto-reivindicaciones, donde se expone que no hay una libertad de decisión propia del estado español al tratar estos asuntos. Recordamos a los compañeros que el Informaciones Obreras se puede adquirir completo rellenando el formulario de suscripción que incorpora nuestra web

 

EDITORIAL

Presupuestos contra reivindicaciones

El Congreso de los Diputados aprobó por amplia mayoría que los presupuestos presentados por Nadia Calviño pasa­ran a debate. Por encima del fragor de los en­frentamientos en las Cortes, es bueno citar lo que decía el 18 de noviembre el periodista de La Vanguardia Mariano Guindal, nada sospe­choso de tendencias izquierdistas: estos presu­puestos corresponden “a la política dictada por el FMI, el BCE, y la OCDE”, y añadía que cualquier gobierno, sea del PP con VOX, del PSOE con Cs,  haría los mismos presupuestos. Estos presupuestos avalados por las institucio­nes de Bruselas, no están dictados ni por Unidas Podemos, ni por Bildu, sino que se han determinado por los dictados de las institucio­nes del capital financiero.

Es cierto que hay algunos –mínimos– gestos, como el “aumento” del 0,9 por ciento a funcionarios y pensionis­tas, o subir un poco los impuestos a algunos sectores con más medios. Pero no nos engañe­mos: son gestos insignificantes. Por ejemplo, subir un 0,9% los salarios de los empleados públicos es renunciar a que recuperen el 8% de poder adquisitivo perdido durante la crisis de 2008-2012. Esto sirve, continúa Guindal para dar “estabilidad política al Gobierno y garantizar la paz social”.

En esta situación, escapa a toda lógi­ca obrera el desmesurado apoyo de UP al Pacto de Toledo, diciendo lo contrario que el año pasado, o el cierre de filas de algunos altos dirigentes sindicales en el apoyo indiscrimina­do al Gobierno.

Desde este periódico obrero estamos lejos de defender una línea de “cuanto peor, mejor”. Toda medida que respondiera, aunque fuera mínima, a la defensa de los intereses obreros y de la población merecería apoyo. Pero los hechos son los hechos.

En nombre de la lucha contra la pande­mia no sólo se atacan y vulneran libertades y derechos –con muy poca o ninguna justifica­ción sanitaria– sino que se atacan a fondo los derechos conquistados, y vacían de contenido los servicios públicos, cerrados a cal y canto a la población con la “atención telefónica” y la cita previa.

Esta es la realidad, toda medida positiva, como el aumento de recursos en sa­nidad –aumento mínimo en comparación con los más de 25.000 millones recortados duran­te la crisis– ha sido y es el producto de la mo­vilización incesante del personal sanitario.

Al mismo tiempo, la patronal opera rees­tructuraciones y ajustes que significan, en particular, en la industria y en la banca, cierre de empresas y centros de trabajo, despidos, la lista es interminable.

Así como en el terreno de las libertades, la cuestión de los presos y del Código Penal… a ello se añade la insoportable situación en la acogida de los inmigrantes y el hecho de que el gobierno “retome” la política del PP de “de­volución en caliente”

Es evidente que los problemas son enor­mes, pero este gobierno va deslizándose, en muchos terrenos, en una línea “continuista” del PP. Y cada vez más son los que se pregun­tan cuándo (o si) van a derogarse las reformas laborales o la Ley Mordaza.

Por ello, entre las más amplias masas se abre paso la convicción de que sólo la acción independiente y determinada puede frenar las nuevas agresiones sufridas en nombre de la lucha contra la pandemia y avanzar en las rei­vindicaciones. En la línea de lo acordado en el Encuentro del CATP, hay que señalar que la sumisión al capital financiero y a la Monarquía es el principal obstáculo para avanzar.

 


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