¡Debemos plantar cara ante la vulneración de nuestros derechos!

6 septiembre, 2020 en Enseñanza, Entrevistas

Se condena al contagio a estudiantes, profesores y trabajadores no docentes

Ante la grave situación que enfrenta la universidad pública, entrevistamos a Ana Granados Rúa. Estudiante de Políticas en la Complutense y militante del Frente de Estudiantes, la compañera aporta elementos importantes para comprender lo que hay juego y plantea propuestas en cuanto a qué hacer.

IO: ¿Cuál es la actuación, o falta de actuación, del Rectorado y decanatos que provoca vuestra protesta? ¿Los exámenes presenciales sin garantías o esto es la gota que colma el vaso?

AG: En realidad, de cara a entender el caótico escenario que está abordando la comunidad educativa de la Complutense, es importante remontarnos a marzo y abril. La desatención del Rectorado, la incertidumbre y la falta de garantías con el curso es algo que ha estado a la orden del día entre los estudiantes de la universidad desde el cese de la docencia presencial: en particular, las directrices del equipo rectoral para el final del curso académico se redujeron a señalar que la docencia se extendería hasta finales de mayo y que cada decanato debería decidir, por un lado, si planteaba docencia presencial experimental en los meses de junio, julio y septiembre; por otro, cada facultad decidiría también las modalidades de evaluación y las fechas de las convocatorias de exámenes. Es en este momento donde el Rectorado, oficialmente, le pasa la pelota a cada facultad y se desentiende de la concreción de las medidas. En lo que a los decanatos se refiere, el problema es bastante parecido: se concretaron en su momento -y, de hecho, en algunos casos ni eso- los métodos de evaluación y se calendarizaron las convocatorias ordinaria y extraordinaria en un contexto de falta de interlocución con el estudiantado de los centros, lo que implica plantear medidas que no dan respuesta a las necesidades reales de las aulas.
Ahora nos encontramos una situación que nos es muy familiar respecto a los meses de confinamiento: desinformación, falta de medidas y preocupación por la situación sanitaria y cómo se enmarcará la convocatoria de septiembre y el inicio de curso en ella. Más de la mitad de las facultades de la UCM fijaron septiembre para las recuperaciones; sin embargo, a finales de agosto y con una situación sanitaria muy delicada, seguimos sin tener información de ningún tipo más allá de lo que cada docente a nivel individual decide comunicarnos.

IO: ¿Qué solución planteáis? ¿Barajáis la opción de alguna medida de fuerza?

AG: Creo que es importante partir de que el debate que se está dando entre presencialidad y virtualidad está bastante falseado. Está claro que en un determinado contexto la crisis sanitaria puede exigir docencia telemática, pero también debemos entender que la adaptación a este tipo de enseñanza no es -ni ha sido- la alquimia que nos quieren vender: el aumento del peso del ámbito privado y familiar en el desempeño académico del estudiante, de la mano de la falta de recursos, ahonda en la desigualdad y la segregación. Por otro lado, si bien la presencialidad es garante de determinadas cuestiones, no podemos obviar la necesidad de plantear medidas sanitarias efectivas a todos los niveles educativos: cuatro consignas evidentes no son un protocolo. Aquí se esconde una importante cuestión de fondo, tras años de recortes y privatización, la universidad pública no cuenta con los recursos necesarios para que la concreción de las -ya de entrada escasas- medidas planteadas tengan una traducción real en cada centro: se condena al contagio a estudiantes, profesores y trabajadores no docentes.

En el caso de las enseñanzas no universitarias se puede ver de manera más explícita si cabe todo lo que señalaba. Se propone contratar profesorado, mejorar la limpieza, habilitar aulas prefabricadas y que las familias no lleven a sus hijos a la escuela en caso de poder estar enfermos: las medidas en abstracto parecen lógicas, pero los estudiantes de la pública -hijos de familias trabajadoras-, saben bien desde hace años lo que es dar clases en barracones por las nefastas infraestructuras; los profesores conocen de cerca las implicaciones de la falta de personal y la masificación en las aulas; las familias saben que no siempre pueden conciliar y dejar de producir. Las consecuencias de la pandemia se insertan de manera concreta en la brecha de clase.

Precisamente, en este sentido, en Madrid ya hay convocadas huelgas docentes a principios de septiembre para pelear por esas garantías reales en el inicio de curso en colegios e institutos, garantías que, sin duda, pasan por la construcción de medidas que nazcan del conjunto de la comunidad educativa. A nivel universitario y, en particular, en el caso de la Complutense, los estudiantes también debemos organizarnos y luchar. Debemos plantar cara ante la vulneración de nuestros derechos, la falta de medidas sanitarias, el detrimento de la calidad educativa y la expulsión de multitud de compañeros de la educación superior debido al empobrecimiento -agudizado por la crisis- del pueblo trabajador; desde luego, lo haremos.

[Entrevista realizada por Xabier Arrizabalo]


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