Centro de menores de la Comunidad de Madrid

 En el IO 341 aparece un articulo, continuidad del que apareció en nº 340, sobre la situación de los menores de edad (Menas) en los centros de acogida http://www.informacionobrera.org/el-gobierno-de-madrid-y-los-menas/, este 2º articulo incide mas en la situación laboral y los puestos de trabajo de los trabajadores que conforman dichos centros, dada la imposibilidad de reproducir en el formato de papel exponemos aquí en toda su extensión dicho articulo.

 

DEFENDER LOS PUESTOS DE TRABAJO ES DEFENDER LOS SERVICIOS PÚBLICOS

Se habla de tasas altas de temporalidad en las administraciones públicas porque se sitúa en torno al 24% pero en nuestro sector (centros de menores de la comunidad de Madrid) la tasa de temporalidad supera el 65% y en la categoría de titulado medio educador el 80%. Para esta categoría no se convoca oferta de empleo público desde el año 1999. Prácticamente todos los temporales superamos los 15 años de antigüedad y en muchos casos los 25. Nunca se nos ha dado la posibilidad de acceder a plaza fija. No se trata ya de que realicemos funciones necesarias para el funcionamiento del servicio, es que todo el servicio depende de nuestro trabajo. El proceso anunciado implica el despido de cientos de compañeras y compañeros que durante los últimos 20 años hemos sostenido con nuestro trabajo el sistema de protección de menores. No es casualidad que esto sea así, la red de cetros de protección de menores es el gran olvidado de los servicios públicos. Durante todos estos años hemos asistido a un deterioro intencionado de la red pública, a la privatización y externalización de servicios. La improvisación y el abandono han sido las señas de identidad de la gestión de los Centros. En 20 años no se ha abierto ningún recurso público, Se han cerrado dos centros, las macro-residencias han aumentado el número de niños que atienden, primera acogida lleva tres años soportando una situación de sobreocupación insostenible. La red está obsoleta, no responde a las necesidades actuales de atención a la infancia. No existe por parte del gobierno de la Comunidad de Madrid ninguna intención de invertir en garantizar derechos básicos y esenciales de protección a la infancia porqué les sobra. La situación de los y las trabajadoras es de absoluta precariedad e incertidumbre, soportando cargas de trabajo inasumibles. Desde las organizaciones obreras no se puede dar la espalda al problema, la amenaza de despido sin indemnización a trabajadoras y trabajadores que llevan décadas en estas condiciones, sin alternativa, con edades en las que resulta muy difícil volver a entrar en el mercado de trabajo es una agresión que exige respuesta.

LA ADMINISTRACIÓN SE SALTA TODAS LAS NORMATIVAS.

La temporalidad reiterada en el tiempo en las plantillas de las administraciones públicas, contravienen la Directiva comunitaria 90/70 sobre trabajo de duración determinada, la Constitución, la resolución 2018/2600 del Parlamento Europeo, el Estatuto Básico del Empleado Público y el Estatuto de los Trabajadores.

El artículo 10.4 del Estatuto Básico del Empleado Público señala que los puestos cubiertos por interinos que ocupan plazas “tienen que incluirse en la oferta de empleo que corresponde al ejercicio en que se ha producido su nombramiento y, si no fuera posible, en la siguiente, salvo que se resuelva su amortización”.

La Directiva comunitaria 90/70 contempla la prohibición a los empleadores, tanto públicos como privados, del abuso en la temporalidad sucesiva. Es más, indica que las legislaciones estatales deben sancionar a los empleadores que cometan ese abuso. Además, precisa que la sanción en la ley no puede ser el despido del trabajador, sino que debe ser o bien la transformación en fijo del empleado eventual o el pago de una indemnización “proporcional, eficaz y disuasoria”.

En el año 2014 el gobierno español es advertido de una posible sanción económica por parte de la UE por incumplimiento de la directiva 90/70 CE sobre trabajo de duración determinada. En ese momento Cristóbal Montoro solicita un aplazamiento de la sanción bajo la promesa de iniciar reformas.

En el año 2016 el Tribunal de Justicia de la Unión Europeo a partir del caso Diego Porras concluye que la legislación española discrimina a los trabajadores públicos temporales y que debería corresponder indemnización por despido en las mismas condiciones que el resto de trabajadores, a partir de ese momento se suceden sentencias contradictorias a este respecto, en algunos caso la judicatura da la razón a los trabajadores otorgando derecho a indemnización y en otros casos no. Incluso entre los que aceptan el derecho del trabajador a ser indemnizado hay fallos en donde se compensa con 12 y otros con 20 días por año trabajado. Sin embargo, en marzo de 2019 el Tribunal Supremo cerrará el debate sentenciando que los trabajadores interinos no tienen derecho a percibir indemnización alguna, ni 12 ni 20.

El 9 de marzo de 2018, las organizaciones sindicales y el gobierno firmaron el segundo acuerdo para la mejora de la función pública. Este acuerdo, en continuidad de firmado en marzo de 2017, pretende eliminar toda responsabilidad de las administraciones en las contrataciones irregulares que llevan años practicando, tratando de evitar sanciones por utilizar trabajadores temporales en puestos estructurales durante décadas. No se trata de una gran oferta de empleo público, de hecho, no se crea ni un solo puesto nuevo, ni siquiera se cubren las plazas amortizadas durante estos años, son plazas ocupadas por interinos y temporales de larga duración a los cuáles no se les ha dado oportunidad de revalidar su plaza en todo este tiempo. El acuerdo pretende hacer pagar la factura de la sanción a trabajadoras y trabajadores con el despido. Es la administración y no los trabajadores públicos la que ha incumplido la normativa en el momento que para cubrir plazas estables no convoca oposición, saltándose el Estatuto Básico del Empleado Público (artículos 10 y 70), el Estatuto de los Trabajadores, y las directrices europeas. Mediante el acuerdo impulsado por Montoro se pretende hacer borrón y cuenta nueva sobre la base de justificar el despido de personal que ha venido desarrollando funciones “estables, duraderas y permanentes” durante decenas de años.

el 31 de mayo de 2018 se aprueba la resolución 2018/2600 del Parlamento europeo en la que se pone de relieve que el paso de un contrato de duración determinada en un contrato indefinido supone una medida para prevenir y sancionar con la mayor efectividad el abuso de los contratos de duración determinada, en el sector público y en el privado, y tiene que ser clara e incluida sistemáticamente por todos los Estados miembros de la UE en sus respectivas normas laborales. Sin embargo, el gobierno se niega a legislar al respecto en espera a la sentencia del TJUE que está prevista para primeros de año 2020.

LOS Y LAS TEMPORALES CUMPLIMOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA CONSTITUCIÓN PARA SEGUIR HACIENDO NUESTRO TRABAJO Y EXIGIMOS UNA SOLUCIÓN

El artículo 23 de la constitución establece que el acceso a la función pública se basará en los principios de igualdad, mérito, capacidad y libre concurrencia. En origen los temporales cumplimos los requisitos de igualdad y libre concurrencia puesto que hemos accedido al puesto mediante procesos en donde estaba garantizada la libre concurrencia y la igualdad. La oposición no es un objetivo en sÍ, sino un medio para determinar el mérito y capacidad para desempeñar determinadas funciones. Pero el mérito y capacidad no puede ser cuestionado a alguien que lleva 20 años desempeñando las funciones propias del puesto. La inamovilidad de los empleados públicos no se deriva de la forma de acceso, sino del artículo 70 de la Constitución que establece la seguridad e imparcialidad de los empleados públicos, principio constitucional que las administraciones están pisoteando sistemáticamente mediante el abuso de la contratación temporal.

EL PAPEL DE LOS SINDICATOS

No cabe duda de que si nuestras organizaciones, desde un principio, hubieran optado por exigir una solución excepcional a la situación generada por los incumplimientos de la administración para garantizar los puestos de trabajo y pelear por la recuperación de los empleos amortizados mediante convocatorias de OEP hubieran contado con el respaldo de la mayoría. El acuerdo con Montoro ha atado de pies y manos al conjunto de instancias sindicales, provocando un rechazo creciente entre muchos trabajadores. Sin embargo, en los últimos meses parece abrirse el debate en el seno de las organizaciones. En Andalucía la UGT se ha posicionado claramente por una solución que garantice que no va a haber despidos de temporales en fraude de ley, la Fesp-UGT ha sacado un comunicado pidiendo esperar a la sentencia del tribunal de TJUE. También en Andalucía se ha aprobado a trámite una ILP para realizar un concurso de méritos y regular a 50.000 trabajadores temporales con el apoyo de los sindicatos. Son avances, pero no es suficiente, la situación exige movilización, Hay que parar los despidos y generar empleo público para reforzar los servicios y permitir el acceso a nuevos opositores, para empezar, recuperar el empleo público amortizado en los últimos 15 años.

                                                                                                              Luis Arias


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