CATP: Declaración “Hacia la República”

30 octubre, 2018 en Actualidad política, CATP, Comunicado

La Coordinadora ampliada del Comité por la Alianza de Trabajadores y Pueblos ha emitido la siguiente declaración tras la reunión que ha tenido en Madrid el pasado 20 de octubre

Llamamiento abierto a las organizaciones, trabajadores y trabajadoras, jóvenes  que luchan por los derechos sociales y democráticos, por la República

Reunidos en Madrid delegados de colectivos y organizaciones de Andalucía, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Euskadi, Extremadura, Navarra, Madrid, País Valenciano, queremos compartir nuestra reflexión.

La Constitución del 78 cumple 40 años, y a los 43 años de la muerte del dictador ostensiblemente no da respuestas a las necesidades de la mayoría, muchas costuras están estallando, pero como en el cuento de “El Rey Desnudo”, las instituciones ocultan la verdad, que es la hora del cambio, de ir hacia la República.

La crisis vivida estos últimos 10 años lo pone en evidencia. La crisis no ha pasado para los trabajadores y trabajadoras que sufrimos un paro cronificado en torno a los 3,5 millones de ciudadanos que estando en edad de trabajar no tienen un puesto de trabajo, para los jóvenes quienes sufren un desempleo superior al 36% y que se ven en la obligación de emigrar para intentar eludirlo. La crisis, producto de la especulación financiera e inmobiliaria ha dejado a un 28% de la población de nuestro país en situación de pobreza y exclusión social. Qué decir de la “aldeanización” del 50% de los municipios de nuestro país.

Datos que contrastan con que, en el mismo periodo, se han trasvasado más de 40.000 millones de euros (un 4% del PIB) de las rentas del trabajo a las rentas del capital (al excedente bruto de explotación de las empresas). Ello explica que en estos años de crisis, el número de millonarios en el Estado español ha crecido un 60%.

Estas son las dos caras de una misma moneda, que ponen en evidencia el doble rasero con el que se aplica la ley y en favor de quién se mueven las obsoletas instituciones del Estado. Dicho contraste, explica la reforma express del art.º 135.3 de la Constitución en 2011, en plena crisis, para blindar los intereses del capital; mientras se aplicaba o proyectaba aplicar reformas laborales contra los intereses de los trabajadores, como así ocurrió en 2010 y 2012; reformas laborales que casi han hundido el Sistema Público de Pensiones, al socavar el poder adquisitivo de los salarios y destruyendo empleo con derechos para crear menos empleo con menos derechos, con permanentes regalos fiscales al empresariado, induciendo groseramente a la privatización de las pensiones.

Necesitamos dotarnos de una Constitución que blinde el Estado de Bienestar: la Sanidad, la Educación, las Pensiones y la Dependencia. Frente al Estado de beneficencia al que nos quieren llevar.

Ante esta situación, los pueblos que componen el Estado español buscan la manera de zafarse de las penurias que sufre la mayoría de la sociedad. Pero en su intento de buscar salidas, chocan con una Constitución en la que perviven sesgos del negro pasado. La España Una grande y “libre”, una vez más, se hace incompatible con la convivencia libre, fraterna y voluntaria entre las distintas nacionalidades que conforman el Estado español.

La solución a los problemas en ningún caso puede ser la represión, la judicialización y la cárcel, como está ocurriendo con el abuso de la prisión preventiva de los cargos electos catalanes, o con el abuso del art.º 315.3 del Código Penal, por el que se ha intentado criminalizar la huelga y se ha encausado a más de 300 trabajadores y trabajadoras en estos años pasados.

La crisis política que vivimos en los últimos años es la más grave que hemos conocido desde 1975. Es una crisis consustancial a la Constitución vigente, por ello necesitamos cambios constitucionales profundos, tan profundos como sea necesario para avanzar en positivo en favor de la mayoría de la sociedad.

La oferta de futuro para nuestra juventud actual y venidera es aciaga, y difícilmente puede ser próspera con un sistema Educativo Público deteriorado económicamente y en el que la Iglesia tiene intereses económicos e ideológicos, a través del falso aconfesionalismo instituido en la actual Carta Magna.

El anacronismo de la Monarquía tiene su máxima expresión en la figura misma del Rey, siendo antes que Rey el Jefe de los tres ejércitos, al ser nombrado Capitán General de las tres armas el mismo día en que se anunció la muerte del criminal, el 20 de noviembre de 1975, a través del Decreto Ley 16/75. El mismo procedimiento se siguió en el caso del hijo, primero capitán general de los ejércitos y luego investido por las Cortes.

La actualización de nuestra máxima norma no puede resolverse con “reformas parche”, como por ejemplo la cuestión de los aforamientos, dejando intacta la inviolabilidad e irresponsabilidad de la figura del Rey y el entorno de la Casa Real, incluso ante delitos comunes, como cobrar comisiones indebidas o el saqueo de dinero público; como así ha quedado demostrado en el caso Noos a pesar de que la fiscalía se empleó a fondo en ejercer de abogado defensor de la hermana del Rey.

Las costuras judiciales de la Constitución revientan cada día, al ponerse en evidencia una más que relativa separación de poderes, al menos la apariencia es que: el Poder Judicial es cualquier cosa menos independiente del Poder Ejecutivo y de otras Instituciones del Estado como de la propia Corona. Una Justicia que nos avergüenza un día sí y otro también con sentencias y/o comportamientos judiciales patriarcales, propios del s. XIX, por no ir más allá en el tiempo. Un halo que viene de la dictadura trata de envolver a las instituciones, y las que son elegidas, desde los ayuntamientos hasta las Cortes, pasando por las autonomías, están maniatadas por la ‘austeridad’ y el sometimiento: casi a la vez el ministro Montoro intervino al ayuntamiento de Madrid y a la autonomía catalana, con un tic arraigado.

En el marco de un Estado republicano podrán resolverse las reivindicaciones y necesidades de evolución de los pueblos que componen el Estado español: federalismo, laicismo, igualdad cierta entre hombre y mujer, blindaje de la Sanidad, Educación, Pensiones y Dependencia, son los objetivos por los que queremos trabajar; implicando a nuestra clase social: asalariados y asalariadas, desempleados y desempleadas, pensionistas, autónomos y los hijos e hijas de estos colectivos; estudiantes hoy, trabajadores mañana.

Llamamos a la mayoría social y a sus organizaciones políticas y sindicales, para avanzar y evolucionar hacia la República, como forma de progreso que nos permita salir del estancamiento en el que nos encontramos.

Hemos decidido agruparnos para actuar en común y buscar acuerdos con otras organizaciones, colectivos, plataformas para promover la lucha unida por los derechos y libertades y allanar el camino a la República, en particular en el 40 aniversario de la Constitución.

Así queremos preparar las condiciones de una Conferencia de Delegados y Delegadas de trabajadores, de la pluralidad de pueblos que conforman el Estado español, con sus organizaciones, para aunar la lucha democrática por la República.


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