Ante los nuevos Presupuestos del Estado

30 octubre, 2018 en Edición Impresa, Editorial

La respuesta de la Comisión Europea al proyecto de presupuestos 2019 producto del Pacto entre la dirección del PSOE y la de PODEMOS no puede llamar a engaño. Los Presupuestos son acordes al Pacto de Estabilidad de la Unión Europea y no transgreden los criterios del capital financiero y de su oficina de Bruselas De hecho, incluyen un ajuste de 4.850 millones para bajar el déficit del 2,7 al 1,8% del PIB, que es, como señala el propio Gobierno, el mayor ajuste desde 2013. El único interrogante que emiten las instituciones de Bruselas es su inquietud de que el Gobierno no sea capaz de cubrir con nuevos impuestos los limitados nuevos gastos sociales.

Al mismo tiempo que da esta repuesta moderada al proyecto español, la Comisión Europea lanza sus ataques más fieros contra los presupuestos de Italia, formalmente porque “violan el pacto de estabilidad”, pero, en realidad, porque revierten algunas de las medidas centrales de la contrarreforma de pensiones que se aprobó en 2011 con la ley Fornero. Un mal ejemplo para todos los gobiernos que anuncian o ponen en marcha nuevos ataques a los sistemas públicos de pensiones, entre ellos, el gobierno francés.

Sin embargo seria erróneo considerar o caracterizar al proyecto de presupuestos como algo aislado del conjunto de la acción del gobierno.

Vale decir que los trabajadores esperaban y esperan que el gobierno responda a reivindicaciones elementales, tantas veces aplazadas, y que el aumento sustancial del Salario Mínimo a 900 euros-incluido en el acuerdo del Presupuestos aunque normalmente el SMI se fija por un Decreto separado de los PGE- es sin duda un avance importante que tal vez haga a muchos cerrar los ojos o no ver lo que supone el conjunto del proyecto de Presupuestos. Pero, cuando al mismo tiempo se anuncia que la reforma laboral sólo sera retocada, la LOMCE y la Ley Mordaza “reformadas”, pero no derogadas, e incluso cuando, a pesar de las multitudinarias manifestaciones de pensionistas, se mantiene sin derogar la reforma de las pensiones de 2013 del PP. Es evidente que la operación en marcha de realizar una política que no realiza un cambio cualitativo con el pasado se intenta hacer aceptar en nombre del “mal menor”.

Los republicanos catalanes exigen medidas claras en relación a los presos, en el camino de su liberación…y tienen razón, tanto más cuando éstos son acusados de “delitos” inexistentes: una supuesta rebelión, que sólo cabe en la cabeza de los jueces neofranquistas. El gobierno se refugia para no actuar en este sentido invocando el mantra de la “independencia” de la justicia… pero la realidad lo desmiente cuando el presidente del Tribunal Supremo acaba de suspender una sentencia que al parecer “perjudicaba” a la banca… para no hablar de otros y numerosos casos que ponen al descubierto la total arbitrariedad de los jueces poniendo al descubierto su matriz reaccionario y franquista.

Las contradicciones a que se encuentra sometido el gobierno, muestran bien a las claras que para gobernar respondiendo a los intereses de los trabajadores y los pueblos no hay otra vía que enfrentarse a los límites impuestos por la Monarquía y su aparato judicial y por las instituciones de Bruselas, construidas al servicio del capital financiero.

En el Encuentro de la Coordinación estatal ampliada del Comité por la Alianza de los Trabajadores y los Pueblos celebrado este 20 de octubre se señaló, precisamente, que la movilización por la recuperación de derechos sociales y libertades se enfrenta al obstáculo del Constitución y las instituciones que en ella se amparan, que blindan los intereses del capital financiero, y, por tanto, combatir por para ello plantea avanzar en la lucha por la República, república de los pueblos que acabe con la herencia franquista, en cuya cúspide se sitúa la monarquía, a la cabeza del ejercito. No olvidemos que tanto Felipe VI como su padre fueron nombrados generales de los tres ejércitos antes que reyes.


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