Ante la amenaza de inhabilitación del Presidente de Cataluña por el Tribunal Supremo

20 septiembre, 2020 en Actualidad política, Comunicado

AMNISTIA Y AUTODETERMINACIÓN

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Este jueves 17 de septiembre el Tribunal Supremo ha debatido sobre la inhabilitación del presiden- te de la Generalitat Joaquim Torra. Es un hecho de una extrema gravedad. ¿Cómo es posible, se debe preguntar cualquier militante obrero o simplemente cualquier demócrata, que un presidente elegido y reconocido según las leyes vigentes pueda ser condenado y destituido de su cargo por el simple hecho de haber ordenado colgar una pancarta que pedía la libertad de los presos políticos en el balcón del Pa- lacio de la Generalitat durante la campaña electoral de las últimas elecciones?
Se trata de castigar, por tanto, un delito de opinión. Y no valen excusas de que era contrario a las normas electorales. Ninguna norma electoral puede dispensar a los gobernantes elegidos de tomar posición sobre cuestiones graves. La inhabilitación de un presidente de una comunidad autónoma, reconocida por la Constitución como institución del Estado, o sea, como representación del Estado en Cataluña, es un atentado a la democracia. Porque a Torra no se le inhabilita por su pésima gestión de la epidemia o por el caos de la entrada de curso (cuestión que exigiría desde luego inhabilitar a otros muchos) sino porque ejerció un derecho democrático elemental.

Esta gravísima decisión, atentado a la más elemental de las garantías democráticas, como es el derecho de expresión, pone al desnudo al régimen, o sea a la Monarquía y a la Constitución de 1978. Esos jueces, nunca inhabilitaron a Rajoy, jefe de las bandas corruptas del PP. Una vez más, el poder judicial heredado del franquismo ataca los derechos de los pueblos. El mismo que no ha metido en la cárcel a decenas de dueños de las residencias de mayores, que no defiende a las mujeres, que persigue a sindicalistas, que avala los recortes sociales, que defiende las estafas de la banca a los que tienen hipotecas, que legaliza las sentencias de los consejos de guerra del franquismo y protege a los torturadores.
Este atentado a las libertades se suma a la anulación por el Tribunal Constitucional del Estatuto de Cataluña votado por su parlamento y por el pueblo catalán, a la sentencia del 14 de octubre del 2019 que condenó a casi 100 años a 9 dirigentes republicanos catalanes. A la negativa de que estos presos accedan al tercer grado. Lo cual se añade a las causas abiertas contra más de mil cargos y dirigentes políticos, a la negativa del retorno con garantías de los exiliados. En suma, es una justicia contraria a la convivencia democrática entre los pueblos, que busca la venganza y el aplastamiento, siguiendo las órdenes del Rey del 3 de octubre de 2017 y su mensaje contra el pueblo catalán después del referéndum (prohibido por Rajoy) del 1 de octubre de 2017.

La necesaria respuesta

Todo el mundo recuerda que el 14 de octubre de 2019 decenas de miles de jóvenes y otros ciudadanos se manifestaron en las calles de todas las ciudades de Catalunya contra la sentencia que condenaba a nueve dirigentes republicanos catalanes. En diversas ciudades del Estado también se desarrollaron manifestaciones de protesta. En Barcelona los manifestantes llegaron a ocupar el aeropuerto de El Prat y el 18 de octubre más de dos millones de personas ocuparon Barcelona en la mayor manifestación jamás conocida. Manifestación que desbordó a todas las organizaciones y que planteaba no solo la libertad de los condenados sino que se enfrentaba al sistema reclamando una República para el pueblo. Era un llamamiento a todos los pueblos de España a luchar juntos, única manera de hacer frente y hacer retroceder al régimen monárquico. Poco después, el 3 de noviembre una manifestación antimonárquica de decenas de miles en la Diagonal de Barcelona recibía a Felipe Borbón.
Es evidente que esta nueva agresión exige y merece una respuesta de todas las organizaciones que a escala de todo el Estado dicen defender los derechos democráticos, los derechos de los pueblos, la fraternidad entre los pueblos, opinen lo que opinen de la política de Torra.
Es grave que la Fiscalía, que depende del Gobierno pida la inhabilitación, que la dirección del PSOE “respete” la destitución del presidente catalán elegido y que entre pasillos se busquen medidas para reducir las penas de los dirigentes presos o recalificar los delitos.
Es sin duda positivo que en su declaración para el 11 de septiembre CCOO y UGT de Cataluña pidieran la liberación de los presos.
Pero estas declaraciones caen en saco roto si no se organiza a nivel del Estado la más amplia movilización contra la inhabilitación de Joaquim Torra y por la libertad de los presos políticos. Por ello parece incomprensible que la única respuesta planteada por los partidos republicanos catalanes sea apelar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y dar la espalda a los trabajadores y los pueblos de España que sufren la misma política de opresión y explotación. Por lo demás, sería hora de que dejen la gastada fábula de que la justicia vendrá de las instituciones europeas o de los gobiernos. Como el gobierno de Francia que emplea la más brutal represión contra chalecos amarillos, sindicalistas o jóvenes, eso es olvidar la historia y en particular los intereses de estos gobiernos y su política.

Cataluña no es una excepción

El 4 de septiembre un nuevo preso vasco, Igor González Sola, murió en una cárcel del País Vasco (más de 30 le han precedido) con tres cuartas partes de condena cumplida y susceptible del tercer grado. Asimismo, el artículo 315.3 del Código Penal sigue vigente y es una espada de Damocles contra los trabajadores y sindicalistas que quieran hacer huelga. Contrariamente a lo que prometió, el gobierno no ha derogado este artículo. El miedo a una explosión social producto de la oleada de despidos hace que el capital financiero y los gobiernos europeos “aconsejen” al gobierno no cambiar nada, y tampoco las reformas laborales. Sin duda tienen argumentos de peso: las ayudas europeas que supuestamente van a salvar la economía española, van a ir dirigidas a los grandes empresarios.

Todo el dispositivo legislativo sigue en pie y de entrada la Ley Mordaza, utilizada a fondo estos meses, así como todas las medidas que en nombre de la lucha contra la pandemia restringen derechos y libertades. Al mismo tiempo que no se revierten los recortes en sanidad que han disminuido cualitativamente los medios para hacer frente a cualquier enfermedad.

En efecto, el pueblo catalán no está solo, sufre las mismas agresiones que todos los pueblos y trabajadores.

A la negativa del gobierno Sánchez de responder a las exigencias de la mayoría se suma la pelea encarnizada entre los partidos republicanos catalanes impidiendo en los hechos una respuesta unitaria. Preocupados, unos, por el “buen gobierno” en el marco del régimen monárquico, y entregados, otros, a lo simbólico y a la lucha por una “soberanía” en abstracto al margen de las reivindicaciones.

Al contrario de los manifestantes del 14 y 18 de octubre del 2019, la política común de los partidos republicanos catalanes se limita al “mentrestant” (entretanto) y a esperar que Europa les ayude. Evita enfrentarse a las instituciones del régimen monárquico, incompatibles con derechos y libertades.
Para conquistar los derechos, es necesaria la alianza de los trabajadores y pueblos del Estado español, que chocan con los mismos gobiernos y jueces.
La experiencia histórica en la lucha contra el franquismo, que demostró que el porvenir del pueblo catalán, su legítima aspiración a la soberanía, al derecho a decidir compartido por amplios sectores de la población, está intrínsecamente uni- do a los demás pueblos del Estado. Al conjunto de los trabajadores y la juventud. Porque el com- bate por las libertades, está ligado al combate por los derechos sociales. Porque hay una sola clase obrera que comparte experiencias y conquistas y el deseo unánime de libertad.

AMNISTÍA, AUTODETERMINACIÓN, REPÚBLICA PARA TODOS
LOS PUEBLOS

Parecen consignas de antes (“Autodeterminación y Amnistía”), pero ¿hay acaso otra salida para restablecer la fraternidad entre los pueblos?
Estas aspiraciones que fueron arrinconadas por la Constitución del 78, vuelven hoy con fuerza porque las instituciones de la Monarquía pisotean los derechos sociales y democráticos de todos. Esas consignas, de la mejor tradición del movimiento obrero y republicano, es lo único que permitirá establecer la República, y con ella la unión libre de pueblos.
El obstáculo es la Monarquía, y lo que representa: las instituciones heredadas y los intereses del capital financiero, gran beneficiario de la actual crisis. El movimiento que se prepara planteará sin duda, más tarde o más temprano la necesidad de aunar, de reunir, las aspiraciones de los pueblos y las reivindicaciones obreras para tejer la más amplia Alianza. Todos los partidos, todos los militantes, se verán confrontados a este dilema: o seguir pegados a la Monarquía, su corte, sus privilegios y corrupción, o participar en el combate que aunará todas las aspiraciones insatisfechas de los trabajadores y los pueblos.

Hoy, los trabajadores y los pueblos, con la sanidad recortada incapaz de proteger la vida, con el paro masivo, con las libertades atacadas, necesitan aliarse para defenderse.


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