Almaraz y la inseguridad nuclear

21 febrero, 2017 en Edición Impresa, Internacional

(ver en portugués)

Por: Maria João Gomes

La construcción de un nuevo cementerio de residuos radiactivos en la central nuclear de Almaraz es una realidad y presagia además la prolongación de la vida de una central obsoleta, construida para funcionar hasta 2010 y que, sólo el pasado año, tuvo 40 incidentes de seguridad.

La licencia de actividad de la vieja central termina en junio de 2020, pero la dirección de la empresa, propiedad de Endesa, Iberdrola e Unión Fenosa, ya comunicó que quería renovarla “por unos 50 ó 60 años”-

Según datos facilitados por el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), teniendo ya amortizado la inversión, las ganancias líquidas anuales por mantener la central funcionando rondan los 161 millones de euros.

Tras infructuosas conversaciones con las autoridades españolas y al abrigo de la legislación comunitaria, el gobierno portugués presentó finalmente una queja ante la Comisión Europea para intentar impedir la construcción de este cementerio, cuyas obras están a punto de comenzar.

Pero las últimas Cumbres ibéricas   han sido poco útiles, y no se han preocupado sobre potenciales problemas como los del impacto ambiental transfronterizo.

Portugal no se sumó a la producción de energía nuclear y optó por energías renovables. Una decisión acertada desde el punto de vista del respeto por el medio ambiente y que ha tenido costes para el erario público. No puede estar sujeto a las amenazas de una central de riesgo a 100 kilómetros de su frontera.

Pero parece que la Comisión Europea tiene poco tiempo para dedicar a atropellos ambientales, puesto que el portavoz del Comisario Europeo para el Ambiente informa que el procedimiento de evaluación será lento y podrá llevar más de un año, sin interferir con el desarrollo del proceso en España.

Es curioso que Bruselas sea tan rápida e incisiva a la hora de interferir en las decisiones de carácter financiero de nuestro país, como sucedió recientemente con la Caja General de Depósitos, y tenga que tardar más de un año para pronunciarse sobre los riesgos de una central nuclear refrigerada por las aguas del Tajo, que ya tenía que haberse cerrado y que amenaza directamente la vida de la población en un radio de cientos de kilómetros, en un escenario de contaminación radiactiva.

No se trata de una amenaza lejana e improbable. Conviene reflexionar sobre los últimos accidentes nucleares que han llegado a los medios de comunicación.

Dada su dimensión, las consecuencias de los desastres de Chernóbil o Fukushima aún no han sido totalmente evaluadas, y tal vez nunca lo sean. Pero se sabe que afectan a la salud del planeta y de generaciones y generaciones de personas. En el caso de Chernóbil, por ejemplo, la leche contaminada provocó cáncer de tiroides en más de seis mil niños. Y en Fukushima se lanzó al Océano Pacífico la mayor cantidad de agua contaminada de la historia.

Mientras se sigan aplazando los gastos de desmantelamiento y las decisiones sobre el destino a dar a los residuos radiactivos de las centrales nucleares, mientras los pueblos no se mantengan atentos y participantes sobre estas cuestiones y estas decisiones, el respeto por la vida humana y la vida en la Tierra significará cada vez menos.

La radiactividad no conoce fronteras. No se ve, no se oye, no se huele, pero se transmite insidiosamente por el aire y por el agua y tiene costes demasiado elevados para la humanidad.

Maria João Gomes


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