Presupuestos para 2018, financiación autonómica y cupo vasco

11 diciembre, 2017 en Edición Impresa, Editorial

El gobierno de la Monarquía ha vivido estos últimos meses la mayor crisis de Estado desde la muerte de Franco. Y a pesar de que la convocatoria de elecciones “autonómicas” aplicando el 155 de la Constitución monárquica parece en lo inmediato haber dado la iniciativa al régimen, nadie se llama a engaño: el 21 D no resolverá ningún problema, porque bajo este régimen monárquico al servicio exclusivo del capital financiero no cabe solución favorable a los trabajadores y los pueblos, o sea a la inmensa mayoría de la población.

En efecto, al tiempo que las instituciones del régimen, con el rey a la cabeza, niegan el derecho a decidir a los pueblos, en particular al pueblo catalán, los grandes tiburones del capital financiero han aprovechado la crisis para hacer pingües beneficios. Desde 2017, hay 50.000 nuevos ricos y 2 millones de nuevos pobres. El 90 % de la población, o sea los trabajadores activos, pensionistas, autónomos, aportan el 90 % de la carga impositiva. Las empresas el 10 % (las grandes del Ibex el 2 por ciento).

La aplicación del reformado artículo 135 de la Constitución, fijando el techo de gasto, permite recortar aun más los presupuestos de sanidad, educación, dependencia, inversión publica…

Por ello el gobierno Rajoy, paralizado en su “labor” legislativa prácticamente todo este 2017, ha planteado una vez más prorrogar los presupuestos de 2017, o sea, mantener la congelación de salarios y pensiones para funcionarios, empleados públicos y jubilados. Con una inflación que roza el 2 por cien esto quiere decir una nueva pérdida neta de poder adquisitivo.

El comisario europeo Moscovici enseguida ha dado la luz verde de la Comisión Europea, preocupada como está por la crisis política abierta en el Estado español. O sea, los criterios y directivas europeas se aplican a la carta, en función de los imperativos políticos y de la correlación de fuerzas, pero siempre a favor de las grandes empresas.

Rajoy quiere acelerar los ataques

Conscientes del carácter precario y coyuntural de la “ventaja” conseguida en Cataluña, Rajoy, sus ministros y portavoces de la Brunete mediática se han lanzado estos días a hacer campaña sobre la necesidad del nuevo presupuesto de austeridad y particularmente de dar un golpe mortal al régimen público de pensiones.

Para ello cuentan con la colaboración indispensable en el Pacto de Toledo de los representantes de los partidos de “oposición”, en primer lugar de la dirección del PSOE.

A ello se añade la propuesta de Montoro de arreglar de un tajo “la nueva financiación autonómica” (aplazada su reforma desde hace 20 años) y los nuevos presupuestos –la prórroga de los actuales se hará efectiva en enero–. Estos nuevos presupuestos deben ser la madre de una nueva cadena de recortes en todo el gasto social y productivo, en particular en los servicios públicos y la función pública. Al tiempo aprueban el Cupo vasco para asegurarse el apoyo del PNV aunque sea a costa de multiplicar los agravios comparativos.

A las organizaciones que se reclaman del movimiento obrero, a los sindicatos en particular, solo les quedan dos caminos:

O aceptar los imperativos supuestamente de mantenimiento de la estabilidad, o sea del régimen enemigo de trabajadores o pueblos,

O ponerse a la cabeza de la resistencia, tal cual esperan los trabajadores de todo el país.

Y en esta batalla lo que está en juego, como en el proyecto destructor de las pensiones, no es un porcentaje mayor o menor sino el futuro de las nuevas generaciones.

Por ello desde este periódico obrero nos inscribimos plenamente en el terreno de la resistencia, de la necesaria movilización por las reivindicaciones arrastrando a las organizaciones.


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