Presos políticos

9 noviembre, 2017 en Edición Impresa, Editorial

El Tribunal Supremo denegó el viernes 3 de noviembre la libertad condicional a los Jordis. El pasado 2 de noviembre el vicepresidente del govern, Oriol Junqueras, y 7 consejeros vieron dictada prisión sin fianza por la jueza Carmen Lamela, componente de la Audiencia Nacional (recordemos que es el antiguo Tribunal de Orden Público del franquismo cambiado de nombre). La juez Lamela es la que ha convertido una pelea de bar en Alsasua en un “delito de terrorismo” por el que se piden penas que suman 375 años, y en los últimos meses la Audiencia Nacional se ha dedicado a perseguir a titiriteros y cantantes por los contenidos de sus obras.

Para el jueves 9 el Tribunal Supremo ha citado a Carmen Forcadell presidenta del Parlament y a toda la mesa. Este mismo viernes 3 la juez Lamela cursó orden internacional de detención contra Puigdemont y los cuatro consejeros refugiados en Bruselas.

¿Alguien puede discutir que sean presos políticos? ¿De qué se les acusa? De defender políticamente sus ideas y movilizarse pacíficamente por ellas. Los únicos actos de violencia conocidos son los de las policías y la Guardia Civil.

¿Es un delito estar en contra de la Constitución monárquica y combatir políticamente contra ella? Si lo es, entonces volvemos en este aspecto a lo que fue el franquismo, que según uno de sus principales jefes de policía declaraba: “el pensamiento no delinque”.

Pero recordemos que en este país, con la ley mordaza y otras leyes liberticidas, el compañero Bódalo sigue en la cárcel, Otegui privado de derechos, así como Alfon y cientos de sindicalistas siguen condenados, algunos amnistiados, otros aún pendientes de juicio en aplicación del artículo 315.3 del Código Penal.

O sea que las libertades que fueron arrancadas al franquismo tras dura lucha están siendo cercenadas y esto empezó desde el primer día que se pactó en la Moncloa (octubre del 77) la preservación de las instituciones franquistas y en primer lugar del aparato judicial. En efecto la Justicia en nuestro país es “independiente”, independiente de la voluntad popular. Es el corazón del régimen monárquico, del carácter “irresponsable y arbitrario” de un poder que gobierna al servicio de la banca y el capital y que vemos cómo facilita y empuja a la deslocalización de empresas de Cataluña.

¿Qué sería de los derechos sindicales, de las reivindicaciones, de los derechos más elementales si no se detiene la deriva reaccionaria lanzada por el rey con su “a por ellos”, con el apoyo de todos los medios de comunicación, y sobre todo de la mayoría de los responsables políticos y la “con­tención” de otros? ¿Qué sería de los derechos de las mujeres y de la juventud?

Es este régimen el que convoca bajo su control elecciones el 21 de diciembre en Cataluña, y dice que gane quien las gane se aplicará el 155.

Pero esto solo es posible hoy porque la actual dirección del PSOE se ha plegado de pies y manos a la defensa del arbitrario y corrupto régimen monárquico. No es por casualidad que cada día que pasa nuevos dirigentes y militantes socialistas, como el alcalde de Tarrasa (quinta ciudad de Cataluña) J. Ballart, abandonan un barco puesto al servicio de la Monarquía y de la aplicación del 155.

Tiene razón Ada Colau cuando llama a formar un frente contra la represión. Tienen razón UGT y CCOO de Cataluña que exigen la libertad de los presos y se oponen al 155. Estas son las exigencias que se están abriendo paso en todo el Estado, entre todos los pueblos y trabajadores de vanguardia, entre la juventud. La prueba está en las decenas de miles que se manifestaron el Bilbao este sábado 4 de noviembre con las consignas de libertad detenidos y derecho a decidir, y las numerosas manifestaciones convocadas estos días, particularmente el domingo 5 en Madrid.

En efecto el pueblo catalán no está solo

Todo eso, al margen de la opinión que se pueda tener de una declaración unilateral de independencia que lo fía todo al “reconocimiento de la comunidad internacional” (editorial de El Punt Avui del viernes 3 de noviembre), cuestión que evidentemente no puede ilusionar a ningún trabajador, sea de Barcelona, de Madrid o de Cádiz. Todo el mundo conoce la política antiobrera y antisocial de la Unión Europea, el FMI, los gobiernos francés y alemán…

Lo que une a los trabajadores que forman una misma clase, a los pueblos, es la lucha contra el régimen monárquico parasitario y el gobierno a sus órdenes, contra la Justicia heredada del franquismo en un movimiento de conjunto para conseguir la libertad de todos, porque la libertad es indivisible.

Lo que nos une es la lucha contra el capital financiero, contra las grandes empresas que no tienen patria, pero se refugian detrás del rey y su ejército para preservar sus beneficios.

Las semanas próximas son decisivas, en primer lugar para ayudar a romper el aislamiento del pueblo catalán y, en particular, para colocar a las organizaciones que fueron construidas para defender los derechos sociales y las libertades ante el dilema o con la Monarquía parasitaria o con los pueblos trabajadores y sus reivindicaciones.

Está demostrado que la Monarquía y sus instituciones son incompatibles con las libertades y derechos, con los pueblos y con la clase obrera organizada independientemente. Por ello hoy la lucha por la libertad de los presos y contra el 155, abre la vía a la República del pueblo y de los pueblos.

La manifestación convocada el 11 de noviembre en Barcelona por la libertad de los presos y contra el 155 es un llamamiento a los trabajadores y los pueblos de todo el Estado. Combatimos porque la clase obrera y sus organizaciones ocupen un lugar de vanguardia.