Democracia

15 septiembre, 2017 en Edición Impresa, Editorial

Después del 6 de septiembre en que el Parlament de Cataluña decidió mayoritariamente convocar un referéndum de autodeterminación el 1 de octubre, todas las instituciones del aparato de Estado heredado del franquismo, con el Rey a la cabeza, secundado por Rajoy, se lanzaron a aplicar todas las medidas antidemocráticas y represivas que la Constitución del 78 les permite.

Esa Constitución del 78, recordémoslo, fue escrita bajo el dictado de los Estados Unidos, de los banqueros, los obispos y el ejército franquista, y es un verdadero instrumento al servicio del capital financiero contra los trabajadores y los pueblos, como estos cuarenta años han demostrado.

El Tribunal Constitucional convalida la reforma laboral, rompe el Estatuto de Autonomía de Cataluña en el 2010, y cubre alegremente el despilfarro de más de cincuenta mil millones de dinero público, perdidos en salvar a los grandes bancos, en detrimento de centenares de miles de trabajadores despedidos.

En este estado de cosas la inmensa mayoría del pueblo catalán exige el derecho a decidir. Es un derecho de todos los pueblos, y está indisolublemente ligado a la defensa de las conquistas sociales. El movimiento obrero no puede renunciar a recuperar la libre negociación colectiva destruida en gran medida por las reformas laborales que el Tribunal Constitucional ha consagrado. Recordemos que las conquistas sociales fueron logradas en dura lucha por los trabajadores de todo el Estado, porque de Cádiz a Barcelona, de Vigo a Madrid, la clase obrera es única.

De nuevo este 11 de septiembre, cientos de miles de catalanes se han manifestado para exigir que el referéndum pueda realizarse. Para los trabajadores de todo el Estado no es un hecho secundario. Si el gobierno de la Monarquía consigue impedir que el referéndum se realice, sin duda alguna esto será utilizado para profundizar los ataques contra las pensiones, contra los salarios, contra los servicios públicos, contra todas las libertades aún existentes.

El régimen de la Monarquía ataca los derechos de todos los pueblos, es nuestro enemigo común. Por eso quiere impedir el referéndum y trata de prohibir que el pueblo de Madrid se exprese por el derecho de los catalanes a decidir. El deber de todo trabajador, y de todo demócrata es empezar por cerrar paso a la ofensiva represiva franquista, que pretende impedir que el pueblo se exprese.

Sin identificarnos, sin aceptar en ningún caso la política del gobierno catalán, que ataca los derechos sociales y democráticos de su propio pueblo y le quiere separar del resto, consideramos que la máxima responsabilidad de esta situación le incumbe a los partidos y organizaciones que pretendiendo hablar en nombre de los trabajadores cierran filas con Rajoy y la Monarquía.

Más que nunca el combate por la alianza de trabajadores y los pueblos, por la movilización unida contra el régimen y su gobierno, puede abrir una salida democrática.