Perú: Castillo cayó, ¿y ahora qué?
Entre golpes y contragolpes, hay que dar la palabra al pueblo y a la Constituyente
El 7 de diciembre amaneció con la amenaza de “golpe blanco” del Congreso contra Pedro Castillo, con la tercera votación de su “vacante” (juicio político). Pero alrededor de las 11 de la mañana el todavía presidente, invocando una disposición constitucional ya utilizada por algunos de sus predecesores (como Martín Vizcarra en 2019), declaró la disolución del Congreso, incluyendo la declaración de un estado de excepción y elecciones anticipadas con carácter constituyente.
Dos horas después, Castillo fue arrestado por su propia escolta. Su acción improvisada llevó a la renuncia de tres de sus ministros, y fue rechazada por las Fuerzas Armadas y el poder judicial. Fue abandonado incluso por su abogado institucional y vio cómo diputados de izquierda figuraban entre los 101 votos (total de 130) favorables a su destitución (que dependía de 87 votos).
Así terminaron 16 meses de gobierno de Castillo, antagonizado por una mayoría parlamentaria de derecha, pero que no cumplió ninguna de sus promesas electorales, como la reforma agraria y la Asamblea Constituyente, viendo disminuir su apoyo popular.
El gobierno de Estados Unidos, que había exigido a Castillo que diera marcha atrás, se apresuró a reconocer a Dina Boluarte, vicepresidenta de su candidatura, pero que había roto con su gobierno, como la nueva presidenta de Perú. Hasta ahora solo López Obrador de México, quien ofreció asilo político a Castillo, no había reconocido al nuevo presidente. Lula lamentó la interrupción del mandato de un presidente electo, pero reconoció el proceso institucional que entronizó a Dina, aconsejándole “pacificar el país”.
Los medios peruanos celebraron la victoria de la “democracia” contra el “golpe”, pero no ocultan el temor a nuevas crisis, dado que el Congreso es aún más impopular que Castillo. Todos llaman a la “unión nacional”, pero los trabajadores aún no han dicho la última palabra.
Aunque en la capital, Lima, no hubo grandes manifestaciones, en el sur del país, como en Ayacucho y Puno, hubo marchas el 8 de diciembre. Cuando se le preguntó sobre las razones de la protesta, un manifestante dijo: “No queremos el regreso de Castillo, no queremos este Congreso, queremos elecciones a un constituyente”.
¡Ahora, ahora, constituyente!
El 8 de diciembre, una declaración de “El Trabajo”, una tribuna libre de la lucha de clases animada por los militantes de la sección peruana de la 4ª Internacional, afirmaba:
“Ningún golpe o contragolpe es una solución a los grandes problemas del país, ni a las reivindicaciones urgentes de los trabajadores, campesinos y la nación. Hoy, ¡es urgente que el pueblo tenga la capacidad de decidir ante un congreso impopular con menos de un 5% de respaldo popular, convocando a elecciones para una Asamblea Constituyente soberana ahora!
La CGTP tiene razón en su declaración del 7 de diciembre al reconocer “que la constante inestabilidad política, social y económica del Perú tiene sus raíces en la espuria Constitución de 1993, que es urgente crear un nuevo contrato social en el que prevalezcan los intereses del pueblo y no de los grupos de poder económico que detentan el control de nuestro país”. Para luego agregar que “debemos estar movilizados y vigilantes del respeto irrestricto de la democracia y los derechos laborales, por una reforma política, una nueva constitución y la anticipación de las elecciones generales”.
El Trabajo afirma que “en medio de esta crisis de poder, la salida política es la convocatoria ahora y ya la Asamblea Constituyente, es necesario convocar a un Encuentro Nacional por la Asamblea Constituyente en Lima, encabezado por la CGTP, el Comité Promotor de la Asamblea Nacional de los Pueblos, por los frentes regionales y por todas las fuerzas políticas democráticas y antiimperialistas que estén de acuerdo con esta orientación”.
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