Nicaragua: De la revolución del 79 a la insurrección de abril de 2018

Autor: Andreu Camps en colaboración con nuestros corresponsales en Nicaragua

Fechado el 27 de junio de 2018

En el momento en que escribimos estas notas, la Alianza Cívica por la Democracia y la Justicia acaba de declarar, en una rueda de prensa en Managua, que el gobierno Ortega/Murillo no tiene voluntad política para abordar la democratización del país, cambios en el poder judicial y el fin de la violencia.

En efecto, durante estos últimos días, las fuerzas de choque de la policía y los grupos paramilitares han redoblado la violencia para desmantelar las barricadas (tranques) sembrando el terror y los asesinatos selectivos. Observadores imparciales anuncian hoy que desde el 18 de abril ha habido más de 285 muertos, en su inmensa mayoría a manos de la policía y los grupos parapoliciales. Es sorprendente la cautela de la administración norteamericana, de la embajadora de EEUU en Managua, y el silencio de los organismos financieros multilaterales ante el conflicto abierto en Nicaragua.

Porque hay que decirlo claramente: estamos asistiendo a una verdadera insurrección en la que la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense, con la juventud y el campesinado a la cabeza, se ha levantado pacíficamente contra un régimen que muestra cada vez más su carácter antisocial y antidemocrático. No es una afirmación, son los hechos tal como se están desarrollando.

El 18 de abril del 2018

La movilización comenzó el 18 de abril, en respuesta a la reforma del Instituto Nicaragüense de la Seguridad Social1 que el gobierno Ortega/Murillo quería poner en marcha. Esta reforma, directamente dictada por el FMI, implicaba un aumento sustancial de la contribución de la asalariados y también de los empresarios, y una reducción del 5% de las pensiones, entre otras medidas. La movilización contra esta reforma fue la gota que derramó el vaso. Días después, el 21, Ortega planteó sólo a los empresarios negociar la reforma. Al día siguiente, la retiró.

No era la primera movilización contra medidas del gobierno Ortega/Murillo. En efecto, en 2013, el gobierno hizo aprobar en la Asamblea Nacional la ley 840 que permitía una masiva expropiación de tierras para construir un canal interoceánico, paralelo y en competencia con el canal de Panamá, en concesión con una empresa china. Esta ley provocó una inmensa movilización que paralizó la construcción de ee canal, que, además, por la ampliación del canal de Panamá, se transformó en un proyecto sin sentido.

Producto de la movilización contra esta ley, surgió un movimiento campesino llamado Movimiento Campesino Anticanal, dirigido en buena parte por antiguos dirigentes sandinistas como Mónica Baltodano y Julio López, quienes habían roto años atrás con el Frente Sandinista. No es por casualidad que este movimiento campesino sea hoy una de las componentes organizadas de la insurrección contra el gobierno.

Recordemos también que la tradición de la lucha de clases en Nicaragua incluye los movimientos insurreccionales y que la toma del poder por el Frente Sandinista por medio de la lucha armada, que concluyó el 19 de julio de 1979, tenía como base de fondo una insurrección campesina, de la juventud y de los sectores oprimidos de la ciudad, comenzando por la clase obrera asalariada.

El contenido social de esta insurrección es por lo tanto incontestable. A ello se suma el contenido democrático contra un régimen cada vez más autocrático. Ello hace que los sectores organizados y más avanzados de la oposición, representados en la Articulación de Movimientos Sociales, planteen la necesidad de una Asamblea Constituyente que implique el desmantelamiento de la actual, así como la renuncia de Ortega/Murillo y la convocatoria de elecciones inmediatas.

¿Qué es la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia?

Algunas semanas después del 18 de abril, esta alianza se constituyó en buena medida por iniciativa del COSEP (confederación de empresarios). La Alianza la componen el COSEP mismo, las organizaciones de estudiantes universitarios que se han constituido en todas las facultades del país y han prácticamente expulsado a las organizaciones de juventud del Frente Sandinista, el movimiento campesino, una serie de asociaciones llamadas de la sociedad civil, y el Movimiento de Renovación Sandinista (MRS), que tiene como característica el tener un pie dentro de la Alianza y otro en los tranques con la población insurrecta.

El MRS, constituido por antiguos comandantes de la revolución como Luis Carrión Cruz que rompieron con el Frente en 1990, es prácticamente el único partido permitido que aparece públicamente, tolerado por la población insurrecta. Luis Carrión detalla que el Frente Sandinista ya no existe como organización. Toda su estructura de militancia ha sido desmantelada, que el Frente está bajo el control de una camarilla en torno a Ortega/Murillo.

La Alianza tiene el soporte moral y material de la CEN, la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que tiene un enorme poder. Recordemos que Monseñor Obando, cardenal en la época, fue uno de los principales opositores al gobierno revolucionario sandinista, aunque en el año 2000 se reconcilió personalmente con Ortega, incluso ofició su matrimonio católico con Murillo, dando apoyo político en el 2007 al nuevo gobierno Ortega. Apoyo que tenía un precio, porque el nuevo gobierno archivó todos los escándalos de corrupción de la Conferencia Episcopal. Recordemos que este nuevo gobierno de 2007 se constituye con un acuerdo entre el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista, uno de los partidos tradicionales de la oligarquía nicaragüense, y que gobierna en concertación permanente con la COSEP. Los dirigentes actuales de la COSEP han reconocido que durante estos diez años han gobernado con el Frente pero que, después de la masacre del 19 de abril, no pueden continuar con esta política. La política oficial de la Alianza es la negociación con el gobierno, el establecimiento de la mesa de diálogo pidiendo la intervención directa de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y de la administración norteamericana. Se opone por tanto en los hechos al movimiento insurreccional que intenta acabar con el régimen.

La “ambigua” posición del gobierno Ortega/Murillo y el imperialismo

El 14 de diciembre de 2004, en la Conferencia de La Habana, se constituyó el ALBA, Alianza Bolivariana de América Latina, que fue impulsada por el gobierno venezolano de Hugo Chávez para intentar escapar al ALCA, proyecto de libre comercio de la administración norteamericana. Nicaragua se adhirió a esta alianza el 23 de febrero de 2007. El ALBA, basado particularmente en las inmensas riquezas que generaba el petróleo, dotó de recursos a los diferentes gobiernos que lo componían, en particular al gobierno nicaragüense, que formó empresas como Albanisa que utilizó el petróleo a crédito de Petrocaribe para enriquecerse. En efecto, Albanisa pasó a ser una empresa privada bajo el control de la familia Ortega y con acuerdo del COSEP. El desplome de la cooperación venezolana a causa de la crisis hizo que el crédito petrolero se hundiera en casi el 80% a partir de 2017. El Estado nicaragüense vive hoy del crédito de los organismos financieros multilaterales de América Latina.

Pero al mismo tiempo que el gobierno nicaragüense se adhería al ALBA, lo hacía también al CAFTA que es la zona de libre comercio de América Central, formada bajo los auspicios y el control de EEUU, por Costa Rica, República Dominicana, Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. El CAFTA promueve “el libre comercio en América Central” y en particular la formación de zonas francas a imagen de las maquiladoras mexicanas, libres de toda legislación laboral, y que componen hoy en Nicaragua lo principal de la fuerza obrera asalariada.

El desarrollo de la crisis, en particular el cerco a Venezuela ha ido decantando el posicionamiento internacional del gobierno Ortega/Murillo. El año pasado, votó por las sanciones promovidas por la OEA y su director general, Luis Almagro, contra Venezuela, y en la reunión de la OEA del 5 de junio de este año, el representante de Nicaragua se abstuvo en la condena a Venezuela, y consensuó con el representante norteamericano una moción de apoyo al pueblo nicaragüense contra la violencia, venga de donde venga, o sea, de apoyo al gobierno.

 El diálogo nacional

La posición de la administración norteamericana es clara: imponer una mesa de diálogo en la que se consiga un acuerdo entre el gobierno y la Alianza para convocar elecciones.

Según Luis Almagro, director general de la OEA, estas reelecciones deberían realizarse entre marzo y diciembre de 2019. Y, para poder realizarlas, serían necesarias algunas reformas de la ley electoral y el fin de la violencia.

El gobierno plantea que el fin de la violencia significa en primer lugar que las barricadas deben ser desmanteladas y que la insurrección debe detenerse. A causa de que la represión continúa y se multiplica, el 21de junio, la embajadora norteamericana ante las Naciones Unidas, señora Haley, declaró por primera vez: “El gobierno debe poner fin de inmediato a su campaña de violencia e intimidación contra su propio pueblo […] Continuaremos apoyando al pueblo nicaragüense en el uso del poder de sus voces para luchar por el futuro de su país y convocar elecciones libres y justas.”

Es evidente que la política de la administración norteamericana con el apoyo de la Conferencia Episcopal y del COSEP, corazón de la Alianza Cívica, busca salvar al régimen en lo posible y desviar la insurrección popular que plantea los problemas esenciales de todo pueblo oprimido: la defensa de las instituciones públicas como el NSS, de la democracia, de la soberanía, de la propiedad de la tierra, y todas las conquistas sociales y democráticas.

Como en 1979, decenas de miles de jóvenes luchadores entran en la lucha y buscan el camino de la emancipación de su pueblo y de las organizaciones. No es por casualidad que encuentren eco en las proclamas del movimiento de renovación sandinista que plantea la vuelta al FSLN de sus orígenes. Sea o no ésta la vía, lo que se plantea hoy en Nicaragua es precisamente la lucha por una representación política independiente del imperialismo, de la oligarquía, de los empresarios y de la Iglesia.

De las grandes movilizaciones revolucionarias sandinistas…

… a las manifestaciones contra el gobierno Ortega-Murillo


1 El INSS fue fundado en 1954 bajo el primer gobierno de Anastasio Somoza, gobierno apoyado en la época por el partido estalinista (PSN). En 1979, cuando en julio triunfó la revolución que llevó al poder al Frente Sandinista de Liberación Nacional, el INSS fue reestructurado y reforzado. En 1990, cuando el FSLN perdió las elecciones y se formó el gobierno de Violeta Chamorro, éste intentó reformar el INSS sin éxito.


Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *