El “gobierno” de los jueces

10 mayo, 2018 en Edición Impresa, Editorial

La demanda unánime de todas las asociaciones judiciales pidiendo la dimisión del señor Catalá, ministro de Justicia, es una nueva expresión de las relaciones reales del poder en nuestro país.

¿Qué ha motivado la cólera de todos los representantes del aparato judicial? El ministro de Justicia solo declaró algo de sentido común, que él no podía quedarse mudo ante la sentencia a “la manada”. Sobre todo porque la justa indignación de las mujeres, de la juventud, de la inmensa mayoría de la población, amenazan con transformar la protesta ante una sentencia indigna en una revuelta que, en última instancia, cuestiona al régimen monárquico y a todos sus servidores.

Los defensores del régimen tocan a rebato. Para salvarlo, prometen cambiar la ley (cuando con la ley actual cabía perfectamente una condena por violación), y, como segunda línea de defensa, no dudan en considerar que en todo cuerpo hay “ovejas negras” o que son casos particulares. El propio gobierno, cada vez más contra las cuerdas, habiéndose ya visto obligado a retroceder sobre la reforma de las pensiones, intenta maniobrar para minimizar la crisis abierta.

La realidad demuestra lo contrario: El “caso Alsasua”, en que un grupo de jóvenes son acusados de terrorismo –con peticiones de pena de hasta 62 años de prisión- por una pelea de bar, la sucesión interminable de juicios contra sindicalistas, la aplicación de la ley mordaza (con una media de 1200 sanciones al mes), la continuidad de la persecución judicial contra los nacionalistas catalanes, donde el Tribunal Supremo se permite de nuevo insistir ante la judicatura alemana en que Puigdemont es culpable de sedición y rebelión, forzando aquí la argumentación jurídica para poder ver la violencia que los jueces de Pamplona no supieron ver en la violación en grupo.

Los jueces pretenden actuar en plena independencia. Una nueva falacia ¿O acaso piensa alguien que es lo mismo que el acusado sea un guardia civil o que sea un nacionalista catalán o un sindicalista. ¿O que sea un ladrón de poca monta o un banquero? ¿O que sea un ciudadano común o un miembro de la Familia Real? La justicia, en este país, no sólo está marcada por su carácter de clase, o sea, de defensa del orden establecido al servicio del capital financiero (hay que recordar que el Tribunal Constitucional –otro pilar del aparato judicial– ratificó todas las reformas laborales y todos los recortes a los funcionarios), sino que, además, está marcada en nuestro país de un sello imborrable, su origen franquista. Los mismos jueces que un día, bajo la dictadura, condenaban a un trabajador por “propaganda ilegal” y se hacían los ciegos ante los evidentes signos de tortura, quedaron un día convertidos, por obra y gracia de la “Transición” en jueces de una democracia. La Audiencia Nacional, solo es el TOP (Tribunal de Orden Público franquista) con cambio de nombre. El Tribunal Constitucional se formó en defensa de la Monarquía consagrada por la Constitución, y en su práctica contra todos los derechos y libertades que la Constitución del 78 tuvo que reconocer para frenar el movimiento revolucionario que antes y después de la muerte de Franco amenazaba con barrer al régimen. Derechos y conquistas, impuestos por la movilización, que sirvieron de coartada a la dirección del PSOE, del PCE y la Convergencia de Pujol para apoyar al régimen.

La pretendida “independencia” del poder judicial es una farsa, porque de lo único que es independiente esta judicatura es de la voluntad popular.

Y la actual crisis ha demostrado a quién obedece. Después del discurso del Borbón del 3 de octubre del 2017 se lanzó a degüello contra los representantes del pueblo catalán.

Con estos jueces no hay ni justicia ni derechos garantizados

Lo que parece incomprensible para la mayoría obrera y los pueblos de este país es que los responsables de las organizaciones que se reclaman de las libertades y derechos sociales acaten las decisiones de la justicia franquista.

Cuando se ataca a unos derechos, todos los derechos duramente conquistados están en peligro, e incluso la propia existencia de las organizaciones.

Es por ello que las declaraciones de Pepe Alvarez (secretario de UGT), este 1 de mayo, de que no se arrepiente del apoyo dado a su organización en Catalunya por haber apoyado la manifestación del 15 de abril es un balón de oxígeno para todos los amantes de la libertad y la democracia.

Es curioso como toda la prensa del Régimen, empezando por el supuestamente progresista El País, intentan marcar a los sindicatos lo que pueden o no hacer, denunciando el que defiendan, aunque sea de manera limitada, la libertad de los presos.

Para el movimiento obrero es fundamental que no se apague la conciencia de que no es posible separar derechos sociales y derechos democráticos, y de que el aparato judicial bajo el mando de la Monarquía y al servicio del gran capital, no puede ser ningún defensor de los derechos. Todo lo contrario, es un obstáculo central.

Desmantelar estas instituciones, imponer la elección de jueces, se llama Republica, que concentra el conjunto de aspiraciones de trabajadores y pueblos.


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