Libertades y pensiones

9 marzo, 2018 en Edición Impresa, Editorial

La inmensa indignación social que unánimemente sufre la clase trabajadora, activa, en paro o jubilada, de todos los pueblos del Estado español, empieza a expresarse en la calle, en las múltiples manifestaciones que hemos visto esta semana.

La clase trabajadora y toda la población que vive de su trabajo siente como suya una reivindicación elemental: “Defensa del Sistema Público de Pensiones”. Los vampiros del capital financiero quieren acceder a los fondos de las jubilaciones, y sus agentes políticos, o sea el Gobierno y las instituciones del régimen monárquico, quieren abrir el camino destruyendo esta conquista, fruto de decenios de años de lucha y trabajo, que a pesar de los golpes recibidos aún permite sobrevivir a millones.

El gobierno Rajoy, minoritario y corrupto, se ha visto obligado a convocar una sesión monográfica en el Congreso el miércoles 14 de marzo. Ningún trabajador espera nada de las propuestas de Rajoy, pero todos los trabajadores esperan que sus organizaciones, particularmente las confederaciones UGT y CCOO, la Coordinadora, etc., se unan en defensa de las pensiones y organicen la movilización unida para hacer retroceder al Gobierno.

El 17 de marzo UGT y CCOO convocan manifestaciones de pensionistas y trabajadores en todo el país exigiendo restablecer la revalorización de las pensiones según el índice del IPC. Cientos de miles van a manifestarse.

La preservación del régimen de las pensiones exige al mismo tiempo derogar las contrarreformas laborales del 2011 y 2013, de Zapatero y de Rajoy, que flexibilizaron el trabajo al máximo, llevaron a la rebaja de salarios y cotizaciones, provocando una situación difícil en la caja única.

A la par que las reivindicaciones sociales, crece la protesta y movilización contra el ataque a las libertades de este gobierno, los jueces y el conjunto del régimen monárquico. Empezaron persiguiendo a sindicalistas con el artículo 315.3 del Código Penal, continuaron con la Ley Mordaza, y hoy encarcelan y siguen la persecución judicial a los militantes nacionalistas catalanes por el solo hecho de haber sido elegidos diputados por el pueblo, o de defender su ideario y movilizarse democráticamente por él. Todo el mundo comprueba de qué lado está la violencia.

La prensa del régimen se “regocija” en vano por el paso atrás y la “renuncia” de los independentistas a la declaración unilateral de independencia (DUI), que no modifica en nada las aspiraciones nacionales del pueblo catalán. Precisamente la aplicación del artículo 155 es un esfuerzo desesperado por impedir una salida democrática como la que exige el 82% del pueblo catalán: que el pueblo decida, como exige el derecho de gentes.

Los derechos sociales y los derechos democráticos están íntimamente ligados. Lo fueron bajo Franco, lo son hoy bajo la monarquía y lo serán mañana bajo cualquier otro régimen. De ahí que la lucha por la República nunca ha sido socialmente neutra, sino cargada por las aspiraciones de los pueblos y las aspiraciones sociales, como ahora la lucha común de trabajadores y pueblos por las pensiones.


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