¿Callejón sin salida?

8 febrero, 2018 en Edición Impresa, Editorial

De nuevo otro año sin presupuesto del Estado debatido y aprobado en las Cortes. El Gobierno, como le permite la Constitución monárquica, prorroga y decide. Un gobierno minoritario, incluso en las Cortes, completamente marcado por las decenas de casos de corrupción que afectan a dirigentes del Partido Popular a todos los niveles. Un PP atenazado porque un sector del aparato de Estado, con evidente complacencia de la Casa Real, jalea y promociona otro partido –Ciudadanos– compuesto de jóvenes “cachorros” limpios.

Un gobierno que empuja o se deja empujar por las diferentes instancias judiciales –Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional–, para envolviéndose con la bandera de la unidad de España –o sea del Estado, sus instituciones, sus privilegios y prebendas, su defensa de los intereses del capital financiero– fuerza a la oposición a aceptar la política anticatalana, o sea la unidad contra el “enemigo” responsable de todos los males, a costa de los intereses de la mayoría trabajadora, los cuales deben quedar en sordina ante la gran batalla del Estado contra el pueblo catalán. Lo que permite intentar encubrir que son ya cien los responsables políticos, profesores, activistas sociales catalanes, en la cárcel, refugiados o sufriendo diligencias judiciales. El aparato de Estado intenta revertir con la represión o la “justicia” las elecciones del 21 de diciembre, prolongando la aplicación del articulo 155 con el objetivo de imponer un govern catalán acorde con la Monarquía y con lo que dicte el gobierno Rajoy.

Entretanto la política de recortes sigue, el gasto militar se multiplica por siete, las regiones siguen esperando una financiación suficiente y, presionados por el FMI y la UE, los portavoces del gobierno claman por una reforma radical de las pensiones.

¿Hay salida de esta situación?

Antes se decía “la política del terror es propia de las mentalidades atrasadas”, en estos momentos la política de represión contra el pueblo catalán solo es la demostración de la debilidad del Gobierno, de la incapacidad de la Monarquía para ofrecer una salida política, o para aceptar reivindicaciones democráticas elementales como el derecho de autodeterminación o derechos sociales (por cierto incluidos en la Constitución) como el de una pensión digna.

Y decimos debilidad porque si el gobierno es capaz, por el momento, de seguir con esta política es en buena medida por el apoyo incondicional de la dirección actual del PSOE, que en contra de sus tradiciones obreras, socialistas y republicanas, ha hecho de su capa un sayo e intenta cerrar toda vía a la resistencia de la clase trabajadora. Y es que la presión del Estado es enorme sobre todas las organizaciones de los trabajadores.

Porque la clase obrera sigue en pie, lo hemos visto en el conflicto de OPEL (ver artículo de la página 2), en el inicio de las movilizaciones en defensa de las pensiones e incluso en la dificultad del Gobierno para hacer aceptar sus propuestas en el Pacto de Toledo.

Es también en esta situación que la campaña por la liberación de los presos políticos catalanes tiene impacto en todo el país, y que múltiples actos reuniones y debates se desarrollan para preparar una conferencia el 10 de marzo en defensa del régimen de pensiones y por la movilización unida de las organizaciones.

La incertidumbre política, la sensación de hastío, la “adoración” sin limites al rey, a la familia real o a la aspirante a reina, muestran que este régimen está desnudo, se le ha caído la mascara, y que la situación esta preñada de futuros movimientos sociales que plantearán la necesidad de barrer este régimen monárquico, instaurar la democracia o sea la República, y dar respuesta las reivindicaciones sociales y nacionales. Este es el desafío al cual están sometidas todas las organizaciones que dicen defender a la clase obrera y la democracia.


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